Diputados y líderes de organizaciones comunitarias presentarán en septiembre próximo, durante la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, una solicitud con el propósito de que se apruebe un pronunciamiento para evitar el despojo de territorios de las comunidades en México, como se prevé en la legislación secundaria en materia energética.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, explicó que 90 por ciento de las tierras en zonas de pueblos originarios prácticamente está concesionado a trasnacionales mineras, y que con el mecanismo de ocupación que se prevé incluir en los contratos de concesión para explorar o explotar hidrocarburos, prácticamente perderán todo su territorio y serán desplazados.

En entrevista, resaltó que durante una reunión de trabajo preparatoria, rumbo a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, líderes comunitarios expresaron su preocupación por el despojo de sus tierras que se avecina, aun cuando el gobierno federal asegura que no habrá expropiación de facto, sino ocupación temporal, cuando en sus comunidades se encuentren yacimientos de petróleo, gas o gas de lutita.

De Jesús Alejandro aseguró que la figura ocupación temporal –a la que se refirió la semana pasada el procurador fiscal, Javier Laynez Potisek– únicamente pretende ocultar el inicio del despojo, pues que es evidente que las trasnacionales no se detendrán.

Planteó que durante la asamblea en Naciones Unidas se solicitará una resolución en favor de que se convoque a consulta a los pueblos indígenas y se defina que antes de que la Secretaría de Energía, como se prevé, otorgue contratos de explotación en territorios originarios, se considere el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, para garantizar el respeto y reconocimiento de su patrimonio, en momentos en que un porcentaje significativo del territorio indígena pudiera ser objeto de expropiación indiscriminada.

Refirió que en la cumbre también se verificará el grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la que México es firmante.

Afirmó que en México las comunidades continúan bajo acoso de las trasnacionales. En Oaxaca y Baja California, dijo, están sujetas al hostigamiento de empresas eólicas; en Puebla, con el consentimiento del gobernador Rafael Moreno Valle, sufren la embestida de las mineras; en Guerrero, hace 10 meses fue detenida Nestora Salgado por organizar la defensa del pueblo contra la delincuencia organizada, y recientemente fue detenido por la Policía Ministerial del estado Marco Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota.

Con todos estos ejemplos es explicable la preocupación de que con la reforma energética habrá más vulnerabilidad en las formas de la tenencia de la tierra de los pueblos y comunidades indígenas, expresó el diputado.