La prioridad en la redistribución del gasto público que realiza la Federación debería ser combatir la desigualdad en aras de la justicia social dentro del nuevo paradigma constitucional en el que los derechos humanos son la regla y no la excepción, aseguró este miércoles la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero.

Al inaugurar el seminario Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, la magistrada expuso que el mandato constitucional para los órganos e instituciones a los que corresponde aprobar y ejercer el presupuesto de cada año obliga a tener una visión integral sobre la situación social en que se encuentran los gobernados, a fin de que se les respete el goce de sus derechos sociales y humanos.

Sobre los altos salarios que perciben muchos funcionarios públicos, Sánchez Cordero dijo que el sueldo ‘‘hay que devengarlo peso a peso’’, y llamó a los ministros de la Corte a velar por los intereses de la justicia social.

Sánchez Cordero participó en una mesa de análisis en la que el tema toral fue la vinculación de los impuestos al sometimiento del gasto público constitucionalmente exigible.

El seminario incluirá temas como las bases constitucionales de la distribución territorial de los recursos tributarios, la transparencia en materia de administración y control de ingresos del gasto publico, el control constitucional de la responsabilidad del legislador y el gasto publico, así como el control del Poder Judicial Federal respecto del mismo.

En esas mesas participarán, entre otros, los también ministros de la Suprema Corte Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, el magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otros doctores en derecho especialistas en materia tributaria en países de Europa, Centro y Sudamérica.