ues nada, que La Bestia tiene dueño. El ferrocarril que increíblemente ha transportado migrantes centroamericanos pertenece o perteneció al consorcio estadunidense Genesee & Wyoming Inc, que obtuvo una concesión para operar en México por 30 años. Hoy hay dudas sobre el dueño. Quizá es la propia SCT del gobierno federal.
Nuestro periódico el sábado 21 de este mes, en la primera página ofreció una fotografía espeluznante: los muchas veces vistos techos del ferrocarril con migrantes, pero esta vez iban de tal manera atestados que no cabía uno más. Centenas, si no es que millares, de centroamericanos.
Esa misma semana se dio en Guatemala una reunión extraña. El anfitrión fue el presidente Pérez Molina y el invitado principal fue nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos. Hubo otros presidentes del área. Por México acudió el secretario de Gobernación. La reunión, extraña por el nivel de la parte estadunidense, correspondía a las recientes revelaciones de las migraciones de menores de edad a Estados Unidos: más de 50 mil menores han emigrado, por supuesto explotados por coyotes, coyotes seguramente trinacionales.
La situación de descontrol de la frontera sur crece. El tema de los migrantes opaca a otros: la terrible corrupción oficial y particular, la ausencia o connivencia de autoridades centroamericanas, mexicanas y estadunidenses, tráfico de personas, prostitución infantil, explotación laboral, desempleo, robos, secuestros, extorsiones. Todo se da.
Lo que más llama la atención es que hay, como en pocas ocasiones, una concurrencia de jurisdicciones de todo tipo y ninguna autoridad cumple con su misión. Hay crímenes de toda jurisdicción y violaciones administrativas a normas estatales y municipales. Es inútil hacer una lista de las autoridades federales, estatales y municipales corresponsables.
El vicepresidente Biden identificó como parte de los orígenes del problema la pobreza, la inseguridad y ausencia de un estado de derecho
en Centroamérica. Ofreció que su gobierno aportará a Guatemala 40 millones de dólares en los próximos cinco años y 25 millones a El Salvador durante el mismo plazo para buscar soluciones.
Si esas aportaciones ridículas se anualizaran resultarían menores a los costos del viaje del vicepresidente desde Washington y con toda la parafernalia de seguridad que haya implicado. Días después, el gobierno de Estados Unidos aseguró que los menores recibirían auxilio jurídico en el proceso de deportación. ¿Deportación adónde? Los chicos no sabrán o no querrán decir ni su país de origen, provincia, pueblo o familia. ¿Adónde los van a botar? ¡¡Pues a México!!
¿Y qué hicimos por ellos en Chiapas. No los vimos pasar? ¿Cómo justificar nuestra doble conducta, angustiante ante Estados Unidos y humilladora hacia los centroamericanos? ¿A qué fue el canciller Meade a McAllen? Nuestro problema está en Chiapas. La frontera norte nos quiebra la cabeza. La frontera sur, simplemente, no nos ha importado, no existe.
El resplandeciente gobernador Velasco nunca menciona su frontera sur y elude siempre mencionar ese Sodoma y Gomorra que es Tapachula. Obsérvese que el gobernador simplemente no pasa por ahí. Las violaciones a derechos humanos están a la vista de todos y él no se entera de nada.
El Instituto Nacional de Migración cree, como ha dicho, que cada año se repatrian hacia Centroamérica aproximadamente 250 mil extranjeros y suman mil 300 los muertos. Y ahora nos enteramos de que potencialmente 50 mil serían los menores que nos boten los estadunidenses. Estamos ante un crimen de lesa humanidad.
Las violaciones a toda garantía o derecho en toda la escala son atroces. La proclama más ominosa, refulgente, es La Bestia, sea propiedad de quien sea y del que nadie puede explicarse su existencia y operación a los ojos de todo tipo y nivel de autoridades.
Los gobiernos centroamericanos han sido pasivos ante el mexicano al no hacer las ruidosas reclamaciones a que tendrían todo derecho. Es una pasividad que para nada ayuda a atenuar ese tétrico drama. La visita pasada del presidente Peña a Honduras para firmar un acuerdo (otro) con su presidente Hernández Alvarado en que se comprometen a cumplir la ley fue un simple exorcismo. Nada más.
El camino de esperanza sería que Peña Nieto se decidiera a ejercer la autoridad que da la ley a cada uno de sus representantes con la misión de atender los problemas específicos del área, que van desde el crimen común hasta una seria destrucción ecológica.
No habrá ningún éxito sin la cooperación internacional ya que la esperanza de llegar al sueño americano a través de nuestras corruptas e impunes autoridades es grande. Ante este horror todos resultamos responsables.
