El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla, Tlaxcala y Morelos, y el Comité Ciudadano Nealticán en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, presentarán esta semana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra los gobiernos federal y de dichas entidades por violar los derechos humanos de los opositores a la construcción del gasoducto Morelos, así como al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el foro Proyecto integral Morelos ¿desarrollo o devastación?, organizado por Casa Lamm y La Jornada, Selene Santa María y Jaime Domínguez Pérez, habitantes de dos de los 25 municipios afectados por la construcción del gasoducto y una termoeléctrica, narraron cómo la CFE y las autoridades estatales han provocado la ruptura del tejido social en las comunidades, de las detenciones arbitrarias y del hostigamiento hacia los pobladores que se niegan a vender sus tierras o cederlas en comodato para dicho proyecto.

Ana Lillian Martín del Pozzo, investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM, y Aurelio Fernández, director de La Jornada de Oriente, hablaron de los riesgos que implica la obra, pues los ductos de gas pasan por el perímetro de actividad del volcán Popocatépetl. Además, esas obras alienta el crecimiento urbano y en caso de erupción del volcán no serían 600 mil habitantes a desalojar sino más de un millón.

Ante el peligro, los habitantes de las comunidades afectadas interpusieron un amparo; sin embargo, la CFE y los gobiernos de Morelos, Puebla y Tlaxcala continúan las obras, apoyados por las fuerzas públicas estatales y municipales, así como del Ejército, expusieron Santa María y Domínguez Pérez.

Según la CFE, la obra implica una inversión de 250 millones de pesos y afectará más de 2 mil propiedades, pues el gasoducto tendrá longitud de 160 kilómetros y transportará 310 millones de metros cúbicos de gas.

La lucha por la seguridad de sus familias, tierras y recursos naturales tiene saldo de tres detenidos: Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero. Las acusaciones son risibles, por ejemplo, a Rosas Vélez se le imputa el robo de celulares a dos guardias, hombres. Las mujeres, dijo Selene, han tratado de detener a los uniformados con las cucharas del mole, mientras los policías portan armas y macanas. “No queremos violencia, ni herir más a la población –dividida porque la oferta de compra de tierra pasó de 80 pesos a 400 pesos por metro cuadrado–, sino que las cosas se hagan bien y dejen de tratarnos como violentos e ignorantes, pues los técnicos de la CFE han asegurado que el gas no estalla con ninguna chispa ni con el aumento de la actividad del Popocatépetl”.

Domínguez Pérez, uno de los detenidos y torturados –perdió 40 por ciento de su capacidad auditiva por los golpes recibidos–, comentó: lo más grave es la división en las comunidades y el uso de la fuerza pública para que el proyecto avance. Las presiones y las acusaciones basadas en mentiras no nos doblegarán; seguiremos organizándonos para defender nuestro territorio, acotó.

Al concluir su exposición, algunos participantes, jubilados de Pemex y abogados ofrecieron apoyar al movimiento con sus conocimientos, pues esta lucha demanda acción multidisciplinaria, apuntaron.