a grave situación generada por la oleada de menores de Guatemala, Honduras y El Salvador que son enviados a reunirse con sus padres a territorio estadunidense y pasan por el mexicano ha obligado a los gobiernos de los cinco países involucrados a voltear la vista hacia un problema hasta ahora no atendido por ellos: el flujo migratorio de personas de todas las edades que se origina en Centroamérica, atraviesa nuestro país y desemboca en el vecino del norte.
Por principio de cuentas, es claro que ese fenómeno tiene como causas centrales la asimetría en las economías, la violencia delictiva y la falta de horizontes laborales y existenciales en las naciones hermanas, así como la demanda de mano de obra en la industria, la agricultura y los servicios en Estados Unidos.
Ciertamente, el manejo económico en los tres países centroamericanos, marcadamente oligárquico y reproductor de injusticias sociales, desempeña una función central en el éxodo. Resulta inevitable contrastar ese fenómeno con el caso de Ecuador, nación tradicionalmente expulsora de mano de obra que durante los sucesivos mandatos del presidente Rafael Correa ha logrado invertir la situación y convertirse, en cambio, en tierra de llegada para muchos extranjeros.
Por otra parte, en la medida en que el gobierno de Washington persiste en la criminalización de los migrantes, lo que podría ser una solución para todas las partes es convertido en un problema grave, con su secuela de muertes, sufrimiento y atropellos. El gobierno de Barack Obama, que ganó su segundo periodo en la Casa Blanca gracias, en parte, a su promesa de impulsar una reforma migratoria que regularice a los trabajadores extranjeros indocumentados, ha carecido de la voluntad política para cumplir con ese compromiso.
En este escenario, México desempeña un doble papel: como punto de origen de flujos migratorios –debido, también en nuestro caso, a una política económica despiadada y devastadora– y como territorio de tránsito para migrantes de los países del sur.
En ambos aspectos, el gobierno ha sido omiso: no ha logrado inducir el crecimiento económico requerido para generar empleos dignos y bien remunerados que disuadan a quienes se aventuran hacia el norte, ni ha cumplido con su obligación de garantizar la integridad y los derechos de quienes transitan por el mapa del país, ni ha adoptado una postura firme ante las autoridades estadunidenses para exigir el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en el territorio vecino. En tal circunstancia, los migrantes nacionales se ven sujetos a toda suerte de peligros, agresiones y atropellos por las corporaciones policiales de ambos países, en tanto los extranjeros ven multiplicada y agravada esa indefensión, y su paso por México se convierte, por norma, en algo muy semejante a un descenso al infierno. Ni la adopción de leyes migratorias ni restructuraciones en las dependencias responsables del asunto han modificado favorablemente el drama de los migrantes centroamericanos en tierras mexicanas. Si la población nacional ha sido abandonada durante años al embate de la criminalidad organizada, los extranjeros resultan presas aún más fáciles e inermes.
En estas circunstancias, el fenómeno de las decenas de miles de niños migrantes, coyunturalmente surgido por una información ambigua emitida por el Departamento de Estado, ha cimbrado a la opinión pública y las autoridades han tenido que reunirse para examinar el problema. Tal es el contexto de la reunión migratoria regional que se realizará el jueves próximo en la capital nicaragüense.
La crisis humana debe atenderse, sin duda, en forma perentoria, y ha de garantizarse la seguridad y la integridad de los menores en tránsito, pero con ello no se resolverá el problema de fondo: esos niños representan a otras tantas familias divididas por políticas migratorias perversas que deben ser abandonadas. Para ello es necesario un acuerdo migratorio regional que normalice la salida, el tránsito y la estadía de trabajadores en Estados Unidos, México y Centroamérica.
Durante décadas, el gobierno nacional ha confiado la solución a la buena fe de los legisladores estadunidenses y ello se ha traducido en la acentuación del sufrimiento de los viajeros mexicanos y centroamericanos. Resulta absurdo e injustificable que, a dos décadas de firmado el libre tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos, se siga vetando el libre tránsito de personas. Nuestro país debe ahora encabezar una postura enérgica ante Washington y exigir que la potencia del norte reconozca de una vez por todas su necesidad de mano de obra extranjera y abandone, en lo inmediato, sus políticas de criminalización de los migrantes.
