Alrededor de 75 por ciento de las personas con discapacidad en el país viven en pobreza. De acuerdo con el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), Jesús Toledano Landero, de los 7.7 millones de personas de este sector, 5.7 viven en miseria; 2.2 millones en pobreza alimentaria, y 3.8 enfrentan rezago educativo.

Al inaugurar el Proceso de Consulta Nacional a la Sociedad Civil para la Sustentación del Informe Inicial de México relativo a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual fue transmitido de manera simultánea en 29 entidades federativas, el funcionario señaló que tenemos un gran reto con la organización civil. En los años 90, el promedio de las organizaciones sociales no rebasaban 700, hoy hay más de 2 mil de éstas en el país.

Hay que construir, señaló, un organismo que responda a la integración de una política de Estado. Así como existe una política de derechos humanos tiene que existir una en materia de personas con discapacidad. Los retos son complejos y, yo diría, que estamos bastante atrasados.

Hay que trabajar muy duro en la línea de acción que indica que 3 por ciento de las plazas vacantes del gobierno federal deben ser ocupadas por personas con discapacidad, ya que es un compromiso del gobierno federal, advirtió.

En su participación Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), reconoció que se debe seguir trabajando en la garantía de todos los derechos de y para las personas con discapacidad, porque aún persisten retos para lograr su pleno ejercicio.

Expresó que los principales pendientes se refieren a la armonización de la legislación con dicha convención, la inclusión educativa y laboral, la accesibilidad física e informática, así como el establecimiento de mecanismos institucionales que contribuyan a que toda la administración pública federal cumpla con el mandato del artículo primero constitucional de respetar, promover y garantizar los derechos humanos sin discriminación para todas las personas.

En ese sentido, dijo que es indispensable la participación de la sociedad civil en la construcción de una sociedad sin discriminación.

Aseguró que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con las modificaciones legales que permitieron que la Convención en esta materia tenga rango constitucional, son resultado del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, así como del compromiso de las instituciones públicas y de los tres poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Durante el acto, dos personas se levantaron de sus asientos al tiempo que mostraban unas pancartas. Gritaron que la consulta era una simulación porque no había asamblea consultiva y que las personas con discapacidad debían tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre programas y políticas.

En el acto inaugural también participaron la oficial de Protección a la Infancia de Unicef México, Alison Sutton; el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra; la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna Parra, y Eriko Flores Pérez, director general de seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.