Luego del acuerdo entre PRI y PAN, la próxima semana se reabrirá en el Senado la discusión en comisiones de las leyes secundarias en materia energética, ‘‘en las que se crea un régimen de excepción en favor de las empresas extranjeras y se legaliza el despojo de tierras ejidales, comunales y de particulares en las que haya petróleo, gas o se pretenda construir instalaciones eléctricas’’.

En los artículos 41 y 42 de la ley de hidrocarburos, cuyo dictamen ya fue avalado por priístas y panistas, se faculta al Presidente de la República parar establecer ‘‘zonas de salvaguarda’’ en áreas ‘‘que por sus posibilidades así lo ameriten’’, mismas que serán luego incorporadas por decreto del Ejecutivo federal.

Son las zonas en las que se explotarán yacimientos de petróleo o gas y de las que, de forma discrecional, el presidente Enrique Peña Nieto podrá decidir, advirtió la senadora del PRD Dolores Padierna. Resaltó que es otro de los puntos preocupantes, dado que el Ejecutivo podrá disponer del ciento por ciento del territorio nacional y el mar patrimonial.

Por medio de esa disposición, a propuesta de la Secretaría de Energía (Sener) –que deberá realizar un estudio técnico–, Peña Nieto podrá decretar, por ejemplo, una zona de salvaguarda en San Salvador Atenco o en la Selva Lacandona para algún proyecto energético, porque no hay ninguna restricción, recalcó.

La propuesta original del Ejecutivo fue modificada y en el proyecto de dictamen que PRI y PAN presentaron –el cual se discutió la semana pasada en lo general y lo particular sin el PRD– el artículo 42 de la ley de hidrocarburos posibilita que sea sólo la Sener, ya sin la Secretaría de Hacienda, la que proponga, con base en un dictamen técnico, las zonas de salvaguarda.

Se indica también que Energía ordenará la unificación de los campos o yacimientos de extracción petrolera, tanto nacionales como transfronterizos. PRI y PAN añadieron un párrafo a ese artículo en el que la Sener deberá ‘‘instruir’’ a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus filiales, para que ‘‘realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética’’.

La senadora Padierna recalcó que su bancada realizó ya un estudio de las 21 leyes secundarias energéticas que se dictaminan en el Senado y la Cámara de Diputados, y la conclusión es que están pensadas y estructuradas para beneficiar plenamente a las trasnacionales petroleras y del sector eléctrico.

Se dan facultades discrecionales a la Secretaría de Energía para ordenar la expropiación de tierras ejidales, comunales y privadas, en caso de que sus propietarios no lleguen a un acuerdo sobre la venta o renta de las mismas a las empresas extranjeras.

Es un procedimiento ‘‘para despojarlos’’, ya que impone una serie de medidas que colocan al mismo nivel para negociar a los afectados con las petroleras extranjeras. De esa forma, los indígenas de Chiapas o los ejidatarios de Guerrero tienen que enfrentarse con Chevrón, Shell o cualquier otra trasnacional y aceptar lo que les ofrezcan por sus tierras; de lo contrario, el gobierno se las expropia.

El régimen de excepción se completa, ya que dejan de operar las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la de Adquisiciones, la de Obras y la de Entidades Paraestatales; Pemex y CFE dejan de ser empresas públicas y se convierten en empresas productivas, propiedad del gobierno.

Padierna recalcó que todo ese ‘‘despojo’’ lo buscan aprobar PRI y PAN, una vez que el gobierno cedió a los condicionamientos panistas. No descartó que en las negociaciones se pactó la impunidad para los funcionarios de los gobiernos de Fox y Felipe Calderón, que se beneficiaron a través de Oceanografía.