Guadalajara, Jal., 21 de junio.

La Fiscalía General del Estado se comprometió a revisar el caso de la activista mexiquense, Gabriela Sánchez, para que Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, quien violó a su hija, sea juzgado por ese delito y no por estupro, como lo hizo en 2010 un juez estatal, informó la defensora, quien se reunió con el titular de la dependencia, Luis Carlos Nájera Gutiérrez.

El fiscal está enojado porque hubo cosas malhechas, no sólo en mi caso, y ellos han llegado a acomodar lo que dejó la administración pasada. Hay un compromiso para reclasificar el delito, comentó Gabriela Sánchez, quien se reunió con el funcionario y realizó una huelga de hambre frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que intercediera ante el gobierno de Jalisco.

Sánchez dirige la asociación Madres Afortunadas –para mujeres que han sido víctimas de violencia– en Ecatepec, estado de México, y ha sufrido siete atentados desde que denunció las anomalías de agentes del Ministerio Público de Jalisco, quienes permitieron que el agresor saliera tras pagar una fianza de 25 mil pesos.

La activista, quien padece eplilepsia, acudió con el médico homeópata Meneses Cervantes y con el tiempo iniciaron una relación sentimental. Poco tiempo después él, quien también es músico, se ofeció a darle clases a su hija. Un día en que ella tuvo una crisis él le dio una medicina y aprovechó para violar a la niña.

Días después, la menor narró lo ocurrido. Presentaron la denuncia ante la Procuraduría General del Estado de Jalisco (PGJE) que entonces encabezaba el panista Tomás Coronado Olmos. El Ministerio Público omitió integrar como prueba el examen siquiátrico que mostraba que la menor padecía de sus facultades mentales y visuales.

Alejando fue detenido en 2010, acusado de estupro y corrupción de menores. Por esos delitos salió después de despositar una fianza de 25 mil pesos. El juzgado décimo tercero de lo criminal en el estado decidió que no había elementos para juzgarlo por violación.

La denunciante acusa que arreglaron todo a modo, para decir que no había agresión física. Los cinco agentes que se negaron a recibir pruebas e incurrieron en anomalías son José Elías Moreno Tafolla, Martín Flores Cárdenas, Mónica Noemí Castellanos García, Yolanda Italia Flores Merino y Gustavo Castillejo Cota. Así lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el exhorto 30 de 2010.

Ella se mudó al estado de México pero la sombra de Alejando Meneses en libertad la persiguió, así como los atentados: en 2012, ella y su hija fueron aventadas por las escaleras en una estación del Metro.

En otra ocasión, una persona cortó cartucho de un arma y le ordenó bajarle. En octubre recibió dos puñaladas afuera de su domicilio y otro día le dispararon, pero los balazos los recibió el policía que la custodiaba.