Ausencia de consulta pública
en megaproyectos:
Monterrey VI, un ejemplo

Los megaproyectos hidráulicos que están instalándose hoy día en Veracruz hacen evidente la confrontación entre los intereses sociales y ambientales y aquellos que impulsan las obras, pero también la omisión de la consulta ciudadana. Ponencias presentadas durante el Tercer Congreso de la Red de Investigadores Sociales Sobre Agua (ISSA) mencionaron los casos del proyecto Monterrey VI, la Hidroeléctrica Naranjal y la Presa de Propósitos Múltiples de Xalapa, además de otros que no son planes estrictamente hidráulicos pero afectan las fuentes de agua, como son la ampliación del Puerto de Veracruz y la mina a cielo abierto Caballo Blanco.

Una de las presentaciones en el Congreso –realizado del 9 al 11 de abril de este año en la Universidad de Guanajuato, sede Salvatierra- de Beatriz Torres Beristain y Rosalinda Hidalgo, señala que “actualmente en Veracruz existe un estado de confrontación entre la imposición de megaproyectos y grupos de la sociedad civil que se oponen a ellos. Las autoridades ostentan un discurso de desarrollo sustentable y participación, sin embargo (…) lo que hay es falta de transparencia, ausencia de reales procesos participativos y una falta de acciones contundentes para la preservación y restauración de ecosistemas”.

El trabajo, Megaproyectos en el estado de Veracruz: entre la devastación y el despojo, destaca lo relativo a Monterrey VI, el cual consiste en un trasvase de 520 kilómetros que llevaría agua de la cuenca del Río Pánuco, desde los límites entre San Luis Potosí y Veracruz hasta la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). “A pesar de la magnitud faraónica de este proyecto, y de lo controversial que son hoy día los trasvases a nivel mundial, ha pasado parcialmente desapercibido mediáticamente, y lo mismo ha ocurrido con las voces de resistencia”.

Otra ponencia, de Eduardo José Rodríguez de Ita, Los mecanismos de participación ciudadana en los marcos legales y de política pública ambiental federal: el caso del proyecto Monterrey VI, precisa que la ZMM se ha abastecido con agua de la presa El Cuchillo, construida en 1994 –la cual también abastece agua para riego a Tamaulipas-, pero ésta tenía una visión sólo al 2010. Y ahora con Monterrey VI, con una inversión programada de 13 mil 644 millones de pesos provenientes de fuentes diversas, el gobierno de Nuevo León prevé la extracción y conducción de un volumen de 15 metros cúbicos por segundo de la cuenca del Pánuco. Con ello se abastecería la ZMM y municipios conurbados durante los próximos 50 años.

Este trasvase “es el único en la historia de México por su extensión, al contar con alrededor de 390 kilómetros de longitud”, dice y precisa que el documento principal que aborda la problemática del proyecto Monterrey VI es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) promovida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM). En el texto “no se observa el papel de los mecanismos participativos” que debieron aplicar la Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua (Conagua), para involucrar a la población afectada por este proyecto.

Una preocupación de Rodríguez de Ita es que en los trasvases más representativos en el mundo, Trasvase Tajo-Segura (España), Río Snowy (Australia), Lesotho Highland Water Project (Lesotho y Sudáfrica “se predijeron excedentes en la cuenca donadora, lo que precisamente motivó la transferencia del recurso. Sin embargo, estos proyectos se caracterizan por conllevar impactos ambientales negativos por la reducción del caudal ecológico de la cuenca donadora, lo que ha resultado (…) en la amenaza a especies en peligro de extinción”, dice, citando consideraciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, sus siglas en inglés).

Sobre la presa El Naranjal, el documento de Torres e Hidalgo señala que esta obra pretende desviar el río Blanco (en el centro del estado de Veracruz) y conducirlo por más de 22 kilómetros por medio de terrenos ejidales y productivos de Ixtaczoquitlán, Fortín, Amatlán, Cuichapa, Yanga y Omealca. Ello para generar 360 megavoltios (960 GWh/año). De concretarse, sería la novena hidroeléctrica más importante del país y la más importante de Veracruz.

“Las comunidades cercanas al proyecto El Naranjal nunca fueron informadas ni consultadas; desde 2009 o antes se empezó a dar compra de tierras con engaños argumentando otros propósitos, sin embargo a finales de abril del 2011 se confirmó que se trataba de un proyecto hidroeléctrico, conformándose un grupo de resistencia llamado Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre”.

En cuanto al proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, que pretende dotar de agua a la ciudad de Xalapa por los próximos 25 años y energía para 300 mil personas, señala que no existe una MIA ingresada de este proyecto, pero “al parecer consiste en una presa sobre el río la Antigua con una cortina de cien metros de alto por 700 metros de longitud que almacenará 135 millones de metros cúbicos de agua y un sistema de bombeo (…). Las investigadoras precisan que los inversionistas son el gobierno de Veracruz y una empresa brasileña, Odebrecht (esta última con 70 por ciento de aportaciones).

La respuesta social es, según señalan las investigadoras: “Desde 2011 han existido movilizaciones de personas de la cuenca de la Antigua para protestar contra la posible realización de presas sobre su río. Actualmente varios de los grupos y comunidades que se oponen a este proyecto se han organizado alrededor de un colectivo denominado Pueblos Unidos en Defensa de la Antigua” (LER).

Sonora El legado biocultural, agua y seguridad alimentaria Diana Luque Investigadora titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC  [email protected] FOTO: Boerries Nehe El agua es un problema crítico para la mayoría de los pueblos originarios de Sonora. Lo biocultural llama la atención sobre la necesidad de agua para la subsistencia tradicional, que consiste en el acceso a lluvias, ríos, lagos, arroyos y ojos de agua. En todos los casos el agua para la subsistencia ha mermado de manera considerable, ya sea por el cambio climático, por la sobrexplotación de los acuíferos por la agricultura, o por la contaminación derivada de agroquímicos y residuos domésticos. Esto impacta en primer lugar en la posibilidad de acceso a la biodiversidad de la subsistencia tradicional (agricultura de subsistencia, flora y fauna riparia y estuarina), además de que genera una serie de problemas de salud comunitaria. El  acceso al agua para el desarrollo es sustancialmente desigual (agua potable en las unidades domésticas y agua en los distritos de riego), a pesar de que las fuentes provienen de sus territorios. Dada la política de desarrollo hegemónica y la aridez predominante de Sonora, los conflictos por el agua han provocado una amplia movilización social. Destacan la lucha del pueblo yaqui en contra del trasvase hacia Hermosillo mediante del conocido Acueducto Independencia, así como la lucha del dividido pueblo guarijío en lo relativo a la Presa Pilares. Las transformaciones alimentarias de los pueblos originarios de Sonora son evidentes. En los 50 años recientes han transitado de una dieta basada en la subsistencia tradicional (biodiversidad del territorio, mayor contenido de proteínas,  intercambio comunitario) a una dieta basada en productos que tienen que comprar (incluyendo el agua). Existe una incidencia entre las especies desaparecidas del territorio y las desaparecidas de la dieta tradicional. Estos productos son en mayor medida procesados y de mayor contenido de carbohidratos, lo cual está llevando a la población a una mayor obesidad y a la diabetes. Una transición similar se observa en los sistemas terapéuticos.  Esto ha generado una mayor presión por un ingreso monetario. A pesar de que no hay estudios transversales y comparativos sobre el estado nutricional de mediados de siglo, ni actuales, por lo menos en el caso yaqui existen fuentes que comprueban que su estado nutricional era mejor que en muchas zonas rurales de Sonora, además de que jóvenes yaquis han expresado en foros que  ellos aún tenían soberanía alimentaria en esa época. Cada pueblo tiene su propia lengua materna; son lenguas pertenecientes a la familia yuto-azteca (pima, guarijío, yaqui y mayo); yumana-cohimí (cucapá), y seri, que tiene la excepcionalidad de ser una familia en sí misma. La lengua materna es un factor central de identidad comunitaria y medio de transmisión del legado biocultural. Sin embargo, todas se encuentran en un estado de desaparición lenta o acelerada. Cabe señalar que el índice de desarrollo humano es menor al promedio de Sonora, y el grado de marginación de las localidades que concentran la población rural indígena varía entre alto y muy alto, lo cual ha sido relacionado con una situación de discriminación sistémica. En síntesis, los complejos bioculturales de los pueblos originarios se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Con ello, las posibilidades de seguridad y soberanía alimentaria, que son reconocidos derechos humanos, se debilitan. Además de que simultáneamente se pierden los servicios ecosistémicos que proveen a la seguridad hídrica y alimentaria nacional. Por ello, es urgente un cambio en la política de desarrollo que tome como eje la garantía del acceso al agua y la restauración de la capacidad hídrica de los complejos bioculturales.

Jalisco

Crisis inducida para la privatización

FOTO: International Rivers

Mónica Montalvo Méndez

Con una crisis hídrica en forma de tandeos, el actual gobierno de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval, pretende legitimar la presa El Zapotillo, obra que desde su anuncio en 2005 ha estado cubierta de inconsistencias técnicas, sociales, jurídicas y ambientales.

La presa, construida en el Río Verde, impulsada por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato y con la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anunció después del fallido proyecto de San Nicolás, primero sólo para dar agua a León, Guanajuato, y después, con la elevación de la cortina de 80 metros a 105, a Guadalajara y los Altos de Jalisco también.

En el caso de Jalisco, con la presa Arcediano –proyecto que pretendía dar agua a la zona metropolitana de Guadalajara, de uno de los ríos más contaminados del país, el Santiago- la sociedad civil e instituciones académicas promovieron un debate para tener un propuesta integral de gestión de agua a largo plazo, sustentable y con respeto a los derechos humanos. La propuesta fue ignorada por el gobierno de Jalisco y por los responsables de la política hídrica.

Arcediano fue impulsada por las mismas autoridades que promovieron la presa El Zapotillo, y desde su inicio hasta 2009, cuando se anunció su cancelación, implicó un gasto de 700 millones de pesos, además de la destrucción del puente de Arcediano y el desplazamiento del poblado del mismo nombre.

Según la Comisión Mundial de Represas, una presa tendría que ser la última opción para solucionar los problemas energéticos o de abastecimiento de agua. Pero en Jalisco las autoridades soslayan opciones como la reducción de la demanda, mejorar la gestión del agua superficial y subterránea, el uso de ecotecnias, modernizar las redes de distribución, reestructurar los sistemas tarifarios existentes, educación ambiental a la población sobre el uso racional del agua, protección de las cuencas, etcétera.

Gracias a la lucha de la comunidad de Temacapulín, que quedaría inundada por el embalse de El Zapotillo, las comunidades empezaron a cuestionar la idea que los impulsores de la presa gritaban a los cuatro vientos, de que la infraestructura que se construye en los Altos de Jalisco sería la solución a la problemática hídrica de la región.

Arturo Gleason Espíndola, académico de la Universidad de Guadalajara, menciona que la capital de Jalisco utiliza aproximadamente 284 millones de metros cúbicos de agua para cubrir sus necesidades, esto es nueve metros cúbicos por segundo, y demanda tres metros cúbicos por segundo más para resolver su déficit actual.

Según el proyecto oficial, comenta, la presa El Zapotillo almacenará esos tres metros cúbicos por segundo, o 94 millones de metros cúbicos por año. Pero, advierte, sería mejor recuperar 0.5 metros por segundo o 16 millones de metros cúbicos al año de más de 30 manantiales, y recuperar 3.5 metros cúbicos por segundo o 113 millones de metros cúbicos al año de fugas. Asimismo, captar del agua de lluvia un metro cúbico por segundo o 32 millones de metros cúbicos al año, y ahorrar 1.8 metros cúbicos por segundo o 56.8 millones de metros cúbicos al año con cambios de inodoros en la ciudad. Con estas acciones se cubriría sobradamente lo que ofrece El Zapotillo.

Una de las razones por las cuales se impulsan los grandes proyectos de infraestructura es que son buenos negocios. La presa El Zapotillo está siendo construida por las empresas españolas FCC y las mexicanas Grupos Hermes y la Peninsular, las dos últimas propiedad de Carlos Hank Rohn, con un costo hasta el el 29 de abril de 2014 de 17 mil 650 millones, mucho más de lo propuesto en un inicio.

Otro de los puntos alarmantes del proyecto es el acueducto que permitiría el trasvase del agua a León. Éste representa un negocio importante de privatización del agua en donde la principal beneficiaria es Abengoa, también de origen español.

Los pobladores de los Altos han manifestado su preocupación por el trasvase, pues serían afectados. Esta zona es la principal productora de alimentos de origen animal en el país. Ahí se obtiene el 88 por ciento del huevo y 22 por ciento de la proteína total producida en México.

Los habitantes de Temaca, expertos en el tema, afirman que el agua de la presa El Zapotillo no sería para abastecer a la ciudadanía de León, Guanajuato, sino para las empresas y compañías nacionales y trasnacionales inversionistas del proyecto Puerto Seco o Guanajuato Puerto Interior y para las agroindustrias de la región.

Así, con un argumento de «utilidad pública», quieren despojar a comunidades de su territorio y privatizar el agua del Río Verde.

La gestión del agua y su aprovechamiento deberían realizarse de una manera sustentable, bajo los principios de equidad, justicia y participación democrática. Eso no está ocurriendo aquí.

En el aspecto legal, la comunidad de Temaca ha obtenido logros importantes. El año pasado se dio la Sentencia 93/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y allí se menciona que la cortina de la presa no debe rebasar los 80 metros. En mayo de este año el Juzgado Primero de Distrito emitió una suspensión definitiva que impide al gobierno de Jalisco involucrarse en la construcción de la presa, y estableció que la cortina de ésta debe mantenerse debajo de los 80 metros de alto. Y a inicios de junio, con expediente 1046/2014, se otorgó la suspensión definitiva concedida por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo contra la edificación de la presa El Zapotillo, pero no se limitó a prohibir acciones del gobierno del estado; también abarcó en la prohibición al organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad que es la promotora central del proyecto mencionado. La sentencia dice que ninguna máquina ni obrero pueden estar hoy trabajando en la construcción sobre el Río Verde.

Es claro que El Zapotillo no beneficia a los habitantes del occidente del país. No es la solución a la problemática del agua en Jalisco, e implica la violación de los derechos humanos de las comunidades que serían inundadas, el desvío de poder del gobierno para beneficio de empresas privadas y la falta de una política hídrica integral de largo plazo para la región.

La presa El Zapotillo en una de la muchas caras de la privatización del agua que se vive en Jalisco y en México.

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