A tres años de que entró en vigor la reforma constitucional de derechos humanos, ésta aún no es una realidad. Así lo consideran académicos y defensores de la magteria durante un encuentro organizado por la Universidad Iberoamericana (Uia), quienes señalaron que en la mayoría de los estados no se han adecuado las legislaciones locales conforme a los cambios constitucionales, además que la sociedad no se ha apropiado de la reforma, pues no ha sido suficientemente difundida.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que a la fecha sólo 14 estados han armonizado sus constituciones conforme a la reforma, y seis de ellos hicieron un ejercicio de copiar y pegar lo que dice la Constitución, los demás legislaron a la baja. Además, consideró que el Programa Nacional de Derechos Humanos tiene el gran problema de que aunque enumera muchas metas en este campo, no enuncia las formas de conseguirlas. Por ello consideró que el Ejecutivo federal debe tomar alguna tarea específica en derechos humanos y proponer la manera de alcanzar avances, sino pronto perderá credibilidad.

Dijo que la única manera en que la reforma se aplique es que sea conocida, para lo cual señaló que se debería realizar una campaña de difusión tan grande como que se hizo para difundir los beneficios de la reforma energética.

Chasel Colorado, coordinadora de incidencia de políticas públicas de Amnistía Internacional, señaló que la aplicación de la reforma en derechos humanos no sólo toca a las constituciones, sino a las leyes reglamentarias que exige la reforma constitucional y, sin embargo, muchos de los organismos públicos locales tampoco han hecho las adecuaciones necesarias.

En el ámbito judicial consideró que ha habido avances en la aplicación de la reforma, como el protocolo sobre tortura que, dijo, próximamente publicará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, consideró que la política de Estado en la materia ha vuelto lenta la instrumentación de la reforma e incluso ha revertido algunos avances.

Insistió en que no podemos lograr la aplicación de algo que no se conoce. Necesitamos que la gente se apropie de la reforma constitucional, de los mecanismos que tienen para la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones abonan mucho a la difusión con su labor diaria, pero es necesario que se parte de una política de Estado.

Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Uia, indicó que en materia de derechos humanos se ha vivido un retroceso con la resolución de la SCJN)respecto a la contradicción de tesis 293/2011, donde indicó que la aplicación de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales deben sujetarse a los límites establecidos en la Constitución. Esto, explicó, es contrario al principio pro persona.