egún un documento filtrado por Wikileaks y difundido por La Jornada, medio centenar de gobiernos –entre ellos el de México– negocian actualmente un mecanismo denominado Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) con el que se pretende lograr mayor apertura en el comercio de servicios médicos, educativos, de agua o financieros, y permitir que empresas privadas operen con menores restricciones en los territorios de las naciones firmantes.

Se trata de un instrumento que, de aprobarse, arrojaría consecuencias negativas para naciones pobres y dependientes como la nuestra, de por sí inmersa en un proceso de apertura indiscriminada del mercado que ha tenido enormes costos en lo económico y lo social. Los gobiernos nacionales del ciclo neoliberal han abatido las barreras arancelarias y los mecanismos estatales de protección para la producción agrícola y la industria nacionales y han provocado, con ello, la pérdida de millones de empleos y el cierre de innumerables fuentes de trabajo y el incremento de la dependencia económica respecto de Estados Unidos: en efecto, pese a que nuestro país es firmante de multiplicidad de tratados comerciales con diversas naciones, casi la totalidad de sus exportaciones e importaciones se centran en el país vecino del norte.

Una mayor apertura en materia comercial no sólo agravaría la situación de precariedad en que sobreviven los diversos sectores de la economía nacional, sino que extendería la desgracia que se ha volcado en las últimas décadas sobre el campo y la industria a la rama de los servicios, de la cual depende la mayor parte los empleos formales generados en la actualidad.

Otro efecto nocivo de este modelo es que implicaría una pérdida de control por parte del Estado de rubros que, como los servicios hídricos y la salud, no deben operar con el objetivo primordial de generar ganancias económicas, sino como ámbitos de interés público.

A estas temibles perspectivas ha de agregarse la forma opaca y casi clandestina en que han sido abordadas las negociaciones del TISA: en sesiones prácticamente secretas y de espaldas a la sociedad, a pesar del amplio impacto que dicho instrumento tendría, en caso de ser aprobado, en la vida cotidiana de millones de personas en el planeta. Dicha actitud refleja una mala conciencia de los gobiernos involucrados sobre el rechazo que generarían estas negociaciones, en caso de hacerse públicas, entre sus respectivas poblaciones.

El cúmulo de afectaciones que podría generar la suscripción de este acuerdo hace particularmente necesario que su discusión se lleve a cabo en el marco de un debate público, incluyente, plural y participativo, en el cual se aclare, discuta y escuche a todos los sectores de las sociedades involucradas, a efecto de que éstos se pronuncien sobre la conveniencia o no de que sus países ingresen al mecanismo.

Es mucho lo que está en juego como para poner la discusión en manos de unos cuantos representantes con el argumento tecnocrático y autoritario de que la supuesta complejidad de los temas abordados los vuelve inaccesibles al entendimiento de la mayoría.

Por lo que hace al gobierno mexicano, la sociedad debe pedir que se comporte, en lo que respecta a este asunto, con transparencia, sentido de representatividad y conciencia respecto a su obligación de rendir cuentas a la sociedad.