El PAN y el PRD presentaron ayer sendas iniciativas en la Comisión Permanente para combatir la corrupción en las nuevas empresas productivas del Estado en que se transformará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que con los proyectos de leyes secundarias en materia energética presentados por el Ejecutivo esas empresas quedan fuera de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En nombre de los grupos parlamentarios del PAN en ambas cámaras, la senadora Laura Angélica Rojas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Los cambios propuestos buscan incluir a CFE, Pemex, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos en el catálogo de sujetos cuya actuación se regula por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones públicas, y se busca aclarar los mecanismos de impugnación de contrataciones.

En tanto, en nombre de los senadores del PRD, Armando Ríos Piter presentó una iniciativa para crear la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, con el propósito de combatir esa práctica, para que se efectúe el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público y se reglamente lo relacionado al órgano responsable de combate a la corrupción, con la constitución del instituto nacional en la materia, como responsable de encabezar las acciones del Estado en ese sentido.

El perredista refirió ante el pleno que este nuevo órgano estaría encargado de temas vinculados, como responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulten de hechos de corrupción.

Con esta iniciativa, precisó el senador Ríos Piter, quedan muy claros los planteamientos para la investigación de los funcionarios públicos y privados; se da especial énfasis en la asignación de contratos y licitaciones en el sector energético, los delitos en este sector no podrían prescribir antes de 10 años y mediante esta ley se generará la supervisión de las conductas de los privados en su relación con los órganos regulares.