Bajo cualquier escenario de aprobación de las leyes secundarias, los precios de la energéticos en México se mantendrán elevados por lo menos hasta 2020, por la necesidad de amortizar las nuevas inversiones y en lo que madura la transición de un régimen de monopolio de Estado a otro de mercado, advirtió un panel de 10 expertos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En conferencia de prensa, en la que presentaron propuestas para la legislación reglamentaria en materia energética, los expertos señalaron que es necesario ampliar el debate y tener una discusión más seria con la participación de más sectores de la sociedad.

La legislación secundaria deber adecuar el marco regulatorio a institucional a las necesidades del sector, plantearon en un documento conjunto y sugirieron sustentar legislativamente la viabilidad financiera de Pemex, de tal forma que le garantice una suficiencia presupuestal.

Bernardo de la Garza, quien entre sus actividades profesionales ha sido director comercial de Petróleos Mexicanos Internacional (PMI), sostuvo que es inevitable que en la transición de un régimen de monopolio de Estado a otro de mercado primero se presente un alza de precios en los energéticos que refleje el costo de la inversión y al final del proceso, una vez amortizada, posiblemente puedan disminuir.

Coordinados por Verónica Malo, directora de políticas públicas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, los panelistas señalaron la necesidad de definir si Petróleos Mexicanos seguirá bajo un régimen administrativo o se constituirá en uno mixto de gobierno público, pero con prácticas internacionales.

Severo López-Mestre Arana, director de Mexenergy, señaló que el debate se ha centrado en el todo o nada, pero no en los cómos, por lo cual es indispensable definir bien el reparto de atribuciones institucionales sobre quién cumple el papel de autoridad y quién el de regulador; a quién le toca qué y cómo se definen los contratos.

Por su parte, Verónica Irastroza Trejo, quien se desempeñó como subsecretaria de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía, apuntó que es indispensable fortalecer los organismos reguladores con expertos, delimitar mejor los tiempos y darle mayor transparencia a la transición.

El académico en Economía Ambiental, Rolando Fuentes, consideró que la reforma energética es la medida económica más importante desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pero advirtió que el proceso de aplicación será lento y doloroso. Mientras Ricardo Mota Palomino, especialista en operación y planificación de sistemas eléctricos hidrotérmicos, dijo que lo que más llama la atención de la reforma que afecta al sector eléctrico es la renuncia del Estado a garantizar el abasto a toda la población.

Se trata, sostuvo, de un cambio de paradigmas, pero por ahora ha quedado un hueco: no hay un responsable de garantizar el abasto de electricidad a la población aunque la CFE la distribuya.

Mota Palomino puso el dedo en la llaga al señalar que el talón de Aquilés de la reforma energética está en la corrupción y que es muy difícil entablar un debate serio cuando se hace una intensa propaganda oficial que no se sustenta en la verdad y difunde, por todos los medios, que los precios de los energéticos van a bajar.