La cúpula empresarial, a través del Centro de Estudios del Sector Privado (Ceesp), y el consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) Fluvio Ruiz Alarcón explicaron que el Fondo Mexicano del Petróleo sólo servirá para mantener la carga fiscal de la paraestatal y pagar a las trasnacionales, pero difícilmente financiará los proyectos de inversión e investigación prometidos por el Ejecutivo.

‘‘Este fondo desgraciadamente no va a existir en muchos, muchos años. No sé cuándo vaya a haber un excedente que pueda alimentarlo; primero hay que cubrir 4.7 (por ciento del PIB al Presupuesto de Egresos). Se va a llevar un rato y luego, si se empieza a alimentar, será muy poco a poco. Hay que cuidarlo porque cada quinto que entre puede mejorar la calidad de vida’’, reconoció el director del Ceesp, Luis Foncerrada, ante diputados de las comisiones de Hacienda y Energía.

En la reunión –acortada para terminar antes del juego México-Brasil–, Foncerrada planteó que los ingresos petroleros ‘‘no se despilfarren en gasto corriente o electoral, como ha sucedido durante muchos años. Sería un error histórico’’.

El consejero Fluvio Ruiz explicó que el Fondo Mexicano del Petróleo tiene como único objeto dar certeza de pago a las empresas y que, al menos en las primeras dos décadas de su funcionamiento, no habrá excedentes que se destinen a uno de sus objetivos: el ahorro de largo plazo. Refirió que en 2013, Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda 864 mil millones de pesos por impuestos, derechos y aprovechamientos, y que de entrar en vigor en 2015 la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, la paraestatal estaría obligada a pagar 826 mil millones.

‘‘Adicionando las obligaciones de pago de esa ley, y de la de Ingresos sobre Hidrocarburos, prácticamente no hay ningún alivio fiscal para Pemex’’, dijo el consejero de la paraestatal.

La iniciativa presidencial correspondiente –a revisión en comisiones– obliga a que de manera permanente Petróleos Mexicanos transfiera a Hacienda el equivalente a 4.7 por ciento del PIB de los ingresos provenientes de la venta de petróleo, con objeto de financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cuando los ingresos petroleros rebasen ese 4.7 por ciento, los excedentes irían a ahorro de largo plazo del gobierno federal, que incluye inversión en activos financieros. ‘‘Sin embargo, ante una disminución considerable e inesperada de los ingresos públicos, se podrá hacer uso de los recursos del fondo para hacer frente a tal contingencia’’.

Fluvio Ruiz informó que desde el sexenio de Vicente Fox, Petróleos Mexicanos le ha entregado a Hacienda más de 7 billones de pesos vía impuestos, derechos y aprovechamientos, política que no cambiará con la reforma. Incluso, sostuvo que si bien todos los contratos generarán el pago del impuesto sobre la renta (ISR), estos ingresos no van al fondo, sino al fisco.

Advirtió que con la reforma se cambia el paradigma del modelo petrolero nacional, porque si se comparte la renta petrolera, se pone fin a la exclusividad de la empresa y se aceleran los trabajos de extracción, lo que en conjunto pone en juego la seguridad energética del país por los próximos 30 años.

Por su parte, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Rogelio Gasca Neri definió que el Estado mexicano no puede quedarse con ciento por ciento de la renta petrolera, como afirmaron la semana pasada –también ante comisiones de San Lázaro– la subsecretaria de Hidrocarburos, María Melgar Palacios, y el titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

‘‘La renta petrolera de un yacimiento puede definirse como un producto del precio, menos el costo variable de extracción multiplicado por la producción del crudo, menos los costos fijos, menos otros costos con letra chiquita no transparentes, no claros, sujetos a interpretación o litigio, costos financieros’’, detalló.