Madrid, 17 de junio.

Sin debate fue aprobado hoy en el Senado español la ley de abdicación que permitirá el traspaso de poderes entre Juan Carlos de Borbón y su hijo, Felipe de Asturias, quien se convertirá en el nuevo rey de España el próximo jueves.

La legislación se refrendó con el apoyo de 90 por ciento de los parlamentarios, donde volvió a quedar en evidencia el distanciamiento que persiste en el País Vasco y en Cataluña hacia el poder central de Madrid, así como el malestar e indignación entre las formaciones de izquierda por la manera en que se ha llevado a cabo el proceso de la sucesión monárquica.

Un paso previo para que Juan Carlos deje oficialmente de ser monarca y jefe del Estado español era la aprobación en las dos Cámaras, el Congreso y el Senado, de la ley de abdicación que se aprobó.

Como estaba previsto, en el Senado se sancionó con el mismo apoyo que logró en el Congreso el pasado miércoles: votaron a favor el Partido Popular (PP, en el poder), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, de raíces republicanas pero ahora monárquico), Unión Progreso y Democracia (UPyD), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias.

En contra lo hicieron las formaciones de izquierda que todavía mantienen intactas sus esencias republicanas y, sobre todo, que reclaman que para un proceso tan importante para el país se debería de consultar a la ciudadanía a través de un proceso constituyente o un referendo democrático.

Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Cataluña (ICV) votaron en contra.

Mientras, el grupo de Amaiur (la izquierda independentista vasca) decidió abandonar el pleno en señal de protesta ante lo que calificaron una “farsa.

Estos grupos advirtieron que pronto llegará a sus regiones una república independiente y al margen de un modelo tan obsoleto y corrupto como el que persiste en España. Finalmente, se abstuvieron los nacionalistas conservadores de Convergencia i Unio (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).

A pesar de la mayoría aplastante de la aprobación de la ley de abdicación, durante la aprobación en el Congreso y en el Senado se puso en evidencia la fractura política que persiste y se agudiza en España. Sobre todo por el aumento de los partidarios de la independencia en el País Vasco y Cataluña, las dos regiones más desarrollas e industrializadas del país y con una ciudadanía más politizada que reclama más transparencia en el proceso de sucesión.

En el País Vasco y en Cataluña los grupos que apoyaron el proceso de abdicación del rey Juan Carlos en favor de su hijo mayor no representa ni siquiera 35 por ciento de la población.

La mayoría de los grupos, salvo los que votaron a favor, criticaron el desdén del gobierno de Mariano Rajoy al Senado, al ni siquiera utilizar su turno de palabra para defender y explicar el procedimiento. El jefe del gobierno español ni siquiera estuvo presente y de su gabinete sólo asistieron cuatro ministros. Un senador de ICV, Joan Saura, afirmó que no imagino qué es más importante para Rajoy que asistir a un debate parlamentario sobre la abdicación.

Mientras que el representante de IU, José Manuel Mariscal, advirtió que estamos aquí para pronunciarnos por el derecho a decidir, pues el pacto constitucional se ha roto, porque no hay concordia con seis millones de desempleados, con 13 millones de personas al borde de la pobreza , cuando el patrón te puede echar cuando quiera y cuando hay una caza de brujas contra el movimiento obrero organizado que hace que vuelva a haber presos políticos.

Superado este trámite, ahora el rey elevará a ley la nueva legislación con un decreto y entonces ya sólo quedará pendiente la sesión solemne, del próximo jueves, para la coronación de Felipe VI.

En Madrid se prohibieron las manifestaciones republicanas para ese día y fueron movilizados 7 mil policías para vigilar la zona donde se llevarán a cabo la ceremonia y el paseo de los nuevos monarcas.