Policías ministeriales de Guerrero detuvieron ayer al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, en el fraccionamiento Bora Bora de Acapulco.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que había una orden de aprehensión contra Suástegui Muñoz relacionada con 15 averiguaciones previas. Fuentes de la dependencia indicaron que, entre otros delitos, se le imputa despojo y tentativa de homicidio.

El dirigente del Cecop ingresó al Centro de Reinserción Social de Acapulco aproximadamente a las 12:30 horas para rendir declaración preparatoria. Alrededor de las 15 horas fue trasladado al penal de La Unión, municipio de la región de Costa Grande.

Suástegui ha destacado en la lucha contra la presa La Parota, que la Comisión Federal de Electricidad intenta construir en el río Papagayo desde hace más de 11 años. Desde 2014 el Cecop también rechaza la explotación de grava y arena en esa ribera.

El 3 de junio, miembros del Cecop impidieron la operación de cinco equipos de bombeo de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Acapulco en la comunidad Salsipuedes, para exigir la liberación de un compañero suyo acusado de intento de homicidio, y para demandar a los gobiernos de Guerrero y municipal obras para reparar los daños que dejó la tormenta Manuel en septiembre anterior. La protesta provocó desabasto de agua en Acapulco durane poco más de 24 horas.

En tanto, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, dijo que la PGJE está al servicio de la delincuencia organizada y que una prueba de ello es la detención de nueve policías comunitarios del poblado Mazatlán el viernes pasado, acusados de secuestrar a una hermana de los presuntos criminales conocidos como El Melox y El Chaparro.

Mientras, Cuauhtémoc Rojas, comisario de la comunidad El Barroso, municipio de San Miguel Totolapan, advirtió que debido a la violencia en esa zona de la Tierra Caliente más de 100 desplazados no regresarán a sus comunidades, por lo que exigen que los reubiquen.