En México, miles de personas son asesinadas por agentes de las fuerzas de seguridad o por particulares sin que esos crímenes sean investigados y sancionados debidamente por las autoridades, en una dinámica de vulnerabilidad y violencia –muchas veces justificada por la propia gente– que hace pensar que en el país la vida no vale nada, señalaron activistas de derechos humanos.

A propósito del informe que presentó hace unos días el relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Christof Heyns, luego de visitar México el año pasado, integrantes de organizaciones sociales afirmaron que este documento refleja cómo el fenómeno se ha normalizado a una escala preocupante.

Como ya se informó en estas páginas, el especialista sudafricano mencionó en su reporte final que los problemas de protección del derecho a la vida en México se deben entre otros elementos a las deficiencias del sistema jurídico, la falta de disposición o capacidad de la policía y los fiscales para investigar y las crecientes actividades de los grupos delincuenciales.

Un dato que refleja la gravedad del problema, indicó Heyns, es que según estadísticas oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron más de 100 mil homicidios intencionales, de los cuales casi 70 por ciento estarían relacionados con el tráfico de drogas.

Entre los ejemplos citados por el relator en su informe está el de la activista Marisela Escobedo, quien fue ejecutada en diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua, mientras se manifestaba por la falta de acción de las autoridades locales por el asesinato de su hija.

También menciona los casos de los hermanos Martín y Brayan Almanza, de nueve y cinco años de edad, respectivamente, quienes fueron asesinados en un retén militar por disparos de soldados, y de Daniel Zamorano, de 15 años, víctima de asesinato por parte de un policía en estado de ebriedad que le disparó en la cabeza.

Consultado sobre el tema, Javier Monroy, del Taller de Desarrollo Comunitario, señaló que en todo el país se repite el mismo esquema de violencia, revictimización de los afectados e impunidad. Es un signo de la situación en la que vivimos, donde la vida, igual que en Guanajuato, no vale nada, deploró.

Vivimos en una indefensión casi total. Nadie te protege ni garantiza tu seguridad mientras transitas por la vía pública o incluso estando en tu propio domicilio, y eso no lo podemos justificar por la guerra por el mercado de las drogas, como si fuera una realidad inevitable y fatal, subrayó.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que vivimos en un territorio en donde cualquiera de nosotros podemos ser víctimas sin que haya autoridad que nos ayude, y esta sensación de desasosiego es muy dañina, y hay que resolverla, pero no a través de la fuerza bruta.

En el mismo sentido, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que ante esta crisis de violencia, las autoridades han preferido dejar de hablar del tema, con la intención de que las personas tengan la impresión de que este fenómeno está disminuyendo.