La iniciativa de ley de sustentabilidad hídrica, que convierte al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en un organismo público descentralizado, carece de un diagnóstico preciso sobre el problema que se busca resolver, afirmó la diputada local del PRD Ernestina Godoy Ramos, quien cuestionó la insistencia de cortar el suministro por falta de pago sin presentar un informe sobre la cartera vencida y los montos.

La legisladora, quien preside la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y forma parte de la de Gestión Integral del Agua, señaló que de aprobarse la propuesta en sus términos, el Sacmex invadiría funciones que corresponden al jefe de Gobierno, como suscribir convenios con otras entidades de la República; así como facultades de la Secretaría del Medio Ambiente al asumir la actualización y evaluación del Programa de sustentabilidad y gestión de los servicios hídricos, e incluso del Congreso federal en materia de contratación de deuda pública al considerar como su patrimonio los créditos que contrate.

Agregó que transgredería incluso algunas otras disposiciones vigentes, como las leyes de Planeación, la de Presupuesto y Gasto eficiente y la de Administración Pública local, ya que se pretende establecer un régimen salarial distinto y otorgarle una amplia discrecionalidad para otorgar incentivos.

No es posible concederle al Sacmex una autonomía que rebasa por mucho la naturaleza jurídica que se propone darle en la iniciativa. El agua no debe gestionarse sólo desde el punto de vista técnico y financiero, señaló en su diagnóstico que presentó por escrito y que cuenta con una serie de propuestas de modificación, adición y supresión en más de 30 artículos.

Diagnóstico y propuestas

El documento lo entregó al presidente del órgano dictaminador, el también perredista Gabriel Godínez Hernández, como parte del análisis de la iniciativa que se pretende llevar al pleno de la ALDF a fin de mes, así como al director del Sacmex, Ramón Aguirre, en la reunión que sostuvo con los legisladores en días pasados.

Entre sus propuestas plantea establecer la obligación de las instituciones del DF de garantizar el derecho de las personas al acceso al agua, como un derecho humano, con la participación ciudadana.

La legisladora cuestionó la insistencia dentro de la ley, en media decena de artículos, sobre la suspensión del servicio, definida como la obstrucción del suministro de agua de la red de distribución del gobierno de la ciudad a la toma del usuario, por retrasos en el pago y propone una adición que diga: La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en los principios de equidad, legalidad y proporcionalidad asegurando que estos sean accesibles para todos incluyendo a grupos vulnerables; por ningún motivo se permitirá el lucro en la prestación de los servicios y otro que prohíba también la celebración de contratos que posibiliten a un tercero la obtención de lucro.