n lo que va del siglo XXI más de 250 mil millones de dólares propiedad de mexicanos han salido de nuestras fronteras para ser depositados y/o invertidos en terceras naciones, como si aquí todo estuviera resuelto y la prosperidad económica fuera el signo distintivo de nuestro país. No es gratuito, pues, que de tiempo atrás esta República de discursos obtuvo el galardón de la UNCTAD como exportador neto de capitales.

Una muestra de la disponibilidad empresarial mexicana para invertir millonarias cantidades para el crecimiento económico y el desarrollo social (de otras naciones) se registró en la reciente visita del inquilino de Los Pinos a España, durante la cual los magnates que lo acompañaron (o al revés) hicieron público su compromiso de inyectar generosos montos para ampliar los negocios en la alicaída economía de la madre patria.

¿Qué ha pasado con la inversión interna en este México renovado, modernizado, reformado, reconfigurado para el progreso y, en fin, abierto al capital privado de la A a la Z? Nada para presumir, como lo documenta el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), que de entrada advierte que un aspecto estratégico y de seguridad nacional a cubrir, sobre todo considerando que nuestro país vive una desaceleración económica que se ha prolongado por casi dos años, es evitar que la misma destruya las capacidades potenciales de su sistema productivo.

Como parte de los yerros cometidos en la década de los años ochenta destaca el ajuste estructural que sacrificó a la inversión tanto pública como privada. En el primer caso la inversión promedió una caída anual de 5 por ciento, en tanto que la parte privada lo hizo en 0.1. Con ello la llamada década pérdida generó un enorme rezago en construcción y en la renovación de la maquinaria y equipo con la que contaban las empresas, y el efecto en el resto de la economía se observa en la pérdida de productividad y competitividad, en la precarización del mercado laboral, y en el bienestar de la población.

Durante los años noventa la situación se modificó de manera parcial, básicamente porque la inversión privada se encargó de resarcir la contracción que el sector público registró en materia de inversión. La renovación de maquinaria y equipo que las empresas realizaron estuvo fuertemente vinculada con la industria de las manufacturas, situación que permitió el fortalecimiento del aparato exportador, pero que también tuvo su límite cuando este último privilegió a una industria maquiladora que no fue capaz de enfrentar la competencia de países con bajos costos laborales, como China, que emergieron en los albores del nuevo milenio.

En la primera década del nuevo siglo, si bien la inversión total se incrementó (2.5 por ciento en promedio anual) y que ello se dio de manera homogénea entre la parte pública y privada, no puede soslayarse que el aumento fue modesto para un país que venía de dos décadas donde la infraestructura y su renovación de maquinaria no habían tenido un buen desempeño. Además, la fase positiva que se observó en materia de edificación de vivienda, gestó una crisis que ha llevado cerca de la quiebra a tres de sus principales empresas.

Con ello, el inicio de la segunda década del siglo XXI manifestó una nueva contracción en materia de inversión pública, principalmente en construcción, y dejó al sector privado la responsabilidad de renovar la infraestructura y maquinaria de México. Evidentemente ello no es fácil cuando las empresas afrontan impuestos que afectan su capacidad de inversión. La creación de impuestos como el IETU y el IDE no fue algo favorable para mejorar el entorno descrito. Los nuevos impuestos mejoraron los ingresos del sector público, pero lo hicieron a costa de la inversión privada y con ello de la capacidad productiva de largo plazo de México. Evidentemente que lo anterior ha tenido un efecto sobre la creación de empleo formal.

Ahora, con la aprobación de la reforma hacendaria, se dio un nuevo paso para intentar fortalecer las finanzas públicas del gobierno federal, y su capacidad de gasto. Durante el primer trimestre de 2014, la mayor recaudación, junto con el rápido incremento de la deuda pública, se tradujo en la elevación del gasto total y de manera particular de la inversión pública, pero en ese periodo la economía solamente creció 1.8 por ciento.

La caída en la inversión privada tiene efectos de largo plazo sobre el PIB potencial del país: reduce la productividad de las empresas y con ello la posibilidad de competir exitosamente en los mercados interno e internacional. Esto es una historia ya conocida: a principios de la década de los setenta el ritmo de crecimiento anual del PIB potencial superaba el 6 por ciento. Para principios de los ochenta, dicho ritmo alcanzó 4 por ciento anual. Ya en los noventa el PIB se redujo a 2.2 por ciento, y de allí para abajo. Todo ello es fruto del freno a la inversión privada, fundamentalmente a la parte nacional, la más importante de la economía mexicana.

El citado instituto advierte que se confía en que las reformas estructurales, particularmente la energética, permitirán alcanzar una capacidad potencial que tenga un crecimiento de 5 por ciento al final de la presente administración. El problema es que ello depende de que la inversión privada no disminuya; por el contrario, que se incremente, y que el gasto gubernamental realmente sea productivo. Además, la inversión esperada por las reformas no llegará a todos los sectores y cadenas productivas que han disminuido su ritmo de inversión, y que no recibirán los beneficios de las reformas sino hasta dentro de tres o cinco años, un tiempo demasiado largo para quienes hoy afrontan problemas económicos.

Así, propone, es tiempo de un Pacto por el Crecimiento de México que revierta la tendencia de la pérdida de capacidades productivas que se vive en algunos sectores nacionales, y de pasadita que los empresarios mexicanos inviertan en México.

Las rebanadas del pastel

Premio Neurona Pasmada a la subsecretaria de Hidrocarburos, María Melgar Palacios, por afirmar que la inversión privada –extranjera y nacional– que le clavará el diente al oro negro nacional no se llevará la gran tajada, porque, según dice, el cien por ciento de la renta petrolera se la queda el Estado. ¡Felicidades! La tecnocracia instalada en el gobierno descubrió que las trasnacionales son solidarias, altruistas y, obvio es, sin fines de lucro.

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