La reparación del daño a las víctimas de la violencia podría hacerse efectiva hasta septiembre próximo, porque aún no se firman –con instituciones bancarias– los convenios para la administración del fideicomiso correspondiente.

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, dijo que un afectado podría recibir una indemnización total máxima cercana al millón de pesos, cálculo según la fórmula que indica la ley. Confirmó además que no se cuenta con el registro nacional de víctimas.

(La entrega de recursos) debe ser lo más pronto posible. Estamos trabajando a marchas forzadas, yo espero que sea antes del mes de septiembre, comentó en entrevista.

La CEAV tiene un presupuesto ordinario para este año de 450 millones de pesos, mientras que el fondo para la reparación del daño es por 500 millones de pesos.

El tanto, Julio Hernández Barros, comisionado de la CEAV, responsable del Registro Nacional de Víctimas, subrayó que esta comisión todavía no tiene los datos y documentos que avalen la depuración de la lista de las personas en esta situación.

“El registro está en fase de instrumentación (…) Por tanto es prematuro e irresponsable dar una cifra. Estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación y con la Procuraduría General de la República para conocer sus fuentes, para saber de dónde se allegaron esos datos (presentados por los titulares de ambas instancias como una primera depuración de una lista de más de 26 mil reportes de desaparecidos y/o extraviados)”, dijo.

Posiblemente, añadió, ellos sí tengan una nueva lista, pero yo no la tengo.

Es decir, hasta ahora no hay un dato único y consistente de la magnitud del problema, debido a que en el país hay más de 100 bases de datos –generadas por instancias públicas, privadas y civiles– acerca de personas reportadas como desaparecidas, extraviadas o no localizadas.

“Envié oficios a todas las procuradurías y gobernadores de los estados solicitando información; si tienen un registro de víctimas, quién es el responsable del mismo y en qué plataforma informática lo tienen. “… aunque hay que destacar y advertir que algunas de ellas (procuradurías y fiscalías), precisamente en las entidades con mayor índices delictivo, lamentablemente no están buscando a los desaparecidos”, advirtió.

La comisión heredó de la Procuraduría de Atención a Víctimas unos 2 mil expedientes de personas reportadas como desaparecidas y 20 mil de afectados por otros delitos, pero reiteró que hasta el momento sólo hay datos preliminares acerca del tamaño del problema.

En tanto, Rochín agregó que, por lo pronto, lo que se tiene a nivel federal es un análisis de los datos para poder emitir un informe único.

También se requiere urgentemente avanzar en el trabajo legislativo para que los familiares accedan, por ejemplo, a las cuentas bancarias de la persona desaparecida, es decir, generar un certificado de desaparición para que los allegados no se queden en el desamparo.

Por ahora, agregó, con los recursos propios de la CEAV, se brindan apoyos a los familiares, especialmente para traslados y hospedaje, en apoyo a las diligencias para saber el paradero de sus seres queridos.