Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), algunos del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), así como agrupaciones locales y regionales acordaron con los senadores de PRI y PRD integrar un grupo de trabajo para eliminar de la ley de hidrocarburos los aspectos que pongan en riesgo la propiedad social.

Al término de la reunión con Emilio Gamboa, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, y con Isidro Pedraza y Fidel Demédicis, del PRD, los dirigentes de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, y del Movimiento Indígena Zapatista (Maiz), Alejandro Cruz, comentaron que este lunes se iniciarán las mesas de trabajo.

La pretensión es que se elimine de la citada ley el articulado que faculta al gobierno a expropiar una propiedad ejidal si en ella se localizan hidrocarburos y no haya convenio entre el ejidatario y la empresa nacional o extranjera interesada en la explotación, como establece el artículo 91 de dicha ley.

También demandaron cambios al artículo 96, en el que se asienta que ‘‘se podrá recurrir al arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compra-venta, permuta u otra que no contravenga la ley. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a las necesidades del asignatario o contratista’’.

Correa dijo que en la reunión, Gamboa Patrón refirió que se habían realizado algunos cambios a la propuesta de ley enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos que se recurrirá al artículo 23 de la ley agraria en caso de afectación de las tierras de uso común; los pagos se realizarán a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal; los acuerdos entre campesinos y privados deberán presentarse a un juez de distrito o al Tribunal Agrario para que los validen y se les asigne el carácter de sentencia firme, la cual sólo será impugnable mediante juicio de amparo.

Del articulado se eliminó la participación de la Procuraduría Agraria en la supervisión y cumplimiento de los términos y condiciones pactadas, así como en la promoción y ejercicio de las acciones legales en caso de incumplimiento de lo pactado.

Por otro lado, la Alianza Mexicana contra el Fracking asentó que con la reforma energética, el gobierno prioriza la actividad petrolera y gasífera por encima de otro uso del territorio, incluso el agropecuario, lo que pone en riesgo otras actividades económicas y los derechos humanos de la población; además, la propuesta de ley de hidrocarburos establece que las secretarías de Gobernación y de Energía serán las encargadas de realizar el estudios de impacto social previos a la entrega de asignaciones y contrataciones para la explotación de hidrocarburos.

En conferencia de prensa, Claudia Campero y Areli Sandoval agregaron que se debilitará y fragmentará la política ambiental, pues la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no garantiza medidas para fortalecer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.