l autoritarismo de la administración federal y de los estados de la República está obligando a los mexicanos –ciudadanos, organizaciones y comunidades indígenas– a acudir a los tribunales como una forma de defender sus derechos patrimoniales, de los que desde hace años se les despoja sin ningún recato para favorecer a las empresas que buscan apropiarse de él. La violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y los tratados internacionales es de tal magnitud que cada día son más los tribunales administrativos, agrarios y de amparo que dan la razón a los reclamantes, ordenan proteger sus derechos y requieren a las autoridades responsables para que dejen de realizar los actos que los violentan. Pero lo que las autoridades judiciales dan al dictar sus resoluciones lo quitan las ejecutivas a la hora de dar cumplimiento a ellas.

La presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, tal vez sea el ejemplo más representativo de todos los conocidos. Desde el año 2007, cuando el Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo inició su oposición a la obra porque inundaría sus pueblos, han ganado alrededor de media docena de juicios de nulidad y amparos, a los que hay que agregar tres suspensiones provisionales vigentes; pero aun así la obra continúa su curso, como si nada pasara. Otro caso representativo de esta situación es el de la tribu yaqui, en el estado de Sonora, que a más de un año de haber obtenido el amparo de la justicia federal contra la construcción del Acueducto Independencia, las autoridades responsables hacen caso omiso ella y continúan adelante con sus planes.

Los anteriores son los mas conocidos pero no los únicos. En este grupo se habrá de incluir los casos de la comunidades rarámuris de Huitosachi y Repechique, en el estado de Chihuahua, el primero con sentencia firme contra el proyecto Barrancas de Cobre y el segundo con suspensión provisional contra la construcción de un aeropuerto para turistas en el municipio de Creel. De igual manera habrá que sumar al grupo de juicios ganados por la comunidad de wirrárika de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), en Jalisco, y la suspensión otorgada al pueblo de Nealtican contra el gasoducto que pretenden construir sobre tierras de los pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos. La lista no agota los casos. Si se sigue escarbando se encontrarán muchos asuntos más donde los pueblos recurren a los tribunales para defender sus derechos.

Aunque son muy diversos, en todos los casos se pueden encontrar semejanzas. Una de ellas es que los reclamos, en general, son colectivos, de pueblos indígenas en muchos casos; otra, que en sus demandas alegan despojo de tierras, recursos naturales o bienes en general; una más, que acuden a los tribunales federales, aunque también se encuentran casos, como en Jalisco o Chihuahua, donde la demanda se presenta en tribunales locales. En todos ellos no reclaman otra cosa que el cumplimiento de la ley, y los tribunales al darles la razón, confirman lo que tanto denuncian los afectados: que la actuación de las autoridades gubernamentales, lo mismo que la de las empresas, se realiza fuera de la ley. Los ilegales son ellos, no quienes reclaman sus derechos. Y lo siguen siendo cuando no acatan las sentencias.

Todo esto sucede a tres años de una reforma constitucional que elevó a rango constitucional los tratados sobre derechos humanos, ordenó que en la interpretación de éstos se prefiriera aquella que más beneficiara a las personas, obligó a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La reforma fue avalada, en plena carrera rumbo a la elección presidencial, por todos los partidos que participan del poder reformador. Pero ya en el poder, sea la Presidencia de la República, las gubernaturas, los cabildos municipales, o los congresos federal o locales, todos se niegan a cumplirla. Mientras tanto, los mexicanos todavía creen que las instituciones pueden hacer algo porque sus derechos sean respetados.