El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) criticó que a un año de que entrara en vigor la reforma constitucional a telecomunicaciones y radiodifusión no exista la legislación secundaria por lo que no hay crecimiento, no hay más competencia ni mejoras operativas ni mucho menos beneficios para los usuarios.

El organismo que preside Gerardo Soria señaló que la ausencia de leyes reglamentarias tiene detenidos 48 mil 642 millones de pesos de inversiones privadas y 9 mil 944 millones de inversiones públicas, mientras que las pérdidas por ineficiencia en el aparato productivo nacional se estiman en 50 mil 88 millones de pesos. “Esta parálisis beneficia al agente económico preponderante en telecomunicaciones, el cual se resiste a perder el status quo que le favorece y frena todo avance de la ley. Con ello, desorienta a los competidores que desconocen las reglas del juego y siembra incertidumbre entre posibles nuevos inversionistas”, advirtió el IDET.

Señaló que con la reforma constitucional cuyo decreto se publicó el 11 de junio de 2013 pareció iniciar el proceso de modernización y apertura del sector más importante en décadas, con medidas como el must carry-must offer, la convocatoria para licitar dos cadenas nacionales de televisión digital, o las declaratorias de preponderancia; sin embargo, la falta de legislación secundaria ha dejado de lado cualquier expectativa de crecimiento de la industria, mayor competencia y mejora de las condiciones operativas del sector en beneficio de los usuarios.

La nueva ley debió haber entrado en vigor el 9 de diciembre del año pasado. En este tiempo perdido en el que los legisladores no han concretado el nuevo marco legal, la penetración en telefonía móvil, de enero a marzo, decreció un millón 200 mil líneas y cada día que pasa nos cuesta a los consumidores 576 millones de pesos que van a manos de la empresa preponderante del sector telecomunicaciones.

El IDET estimó los daños por falta de leyes reglamentarias a telecomunicaciones y radiodifusión en 8 mil 723 millones de pesos por empleos no generados; 24 mil 430 millones de pesos en ineficiencias por tarifas de interconexión no resueltas; 19 mil 135 millones por precios excesivos comparados con países de la región, y 13 mil 400 millones de pesos (a precios de mercado) por servicios no provistos a usuarios.