En México, las violaciones al derecho a la vida cometidas contra grupos vulnerables siguen ocurriendo a nivel alarmantemente alto, en medio de una impunidad sistemática, a pesar de las reformas legales impulsadas por el gobierno en años recientes.

Así lo advirtió el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien mañana presentará los resultados de su visita del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, durante la cual estuvo en el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.

En el documento de 22 páginas, el especialista sudafricano valora como gesto positivo que el gobierno mexicano haya promovido diversas iniciativas legales para mejorar la protección de los derechos humanos de sectores vulnerables. Sin embargo, advierte, las violaciones del derecho a la vida de esos grupos siguen teniendo lugar a un nivel alarmantemente alto. La impunidad sigue siendo una preocupación seria a nivel individual y sistémico.

Según Heyns, este fenómeno se debe, entre otros factores, a las deficiencias en el sistema de administración de justicia y el aumento de actividades de los grupos del crimen organizado y el tráfico de drogas.

Asimismo, influyen la falta de voluntad o capacidad de las policías y los fiscales para investigar, así como la carencia de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y de castigo a los perpetradores de un delito.

Por todo ello, el relator subrayó de manera especial la necesidad de acabar con la impunidad, para lo cual hace falta limitar cada vez más la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, asegurarse de que sean las cortes civiles y no las castrenses las que juzguen a los soldados que violen derechos humanos y definir estándares claros de uso de la fuerza.

Además, subrayó, es igual de importante prevenir las violaciones al derecho a la vida que pudieran suceder en el futuro, como asegurarse de que los crímenes ocurridos en décadas anteriores también sean castigados.

La gravedad de la situación actual debe ser enfrentada de lleno: el derecho a la vida está bajo seria amenaza en México y abordar este tema debe ser prioridad nacional. Con un enfoque de mano dura a través del Ejército es poco probable que la situación mejore. Lo que se necesita es un fortalecimiento sistemático, holístico y comprensivo del estado de derecho, enfatizó Heyns.

Tras detallar que las autoridades mexicanas le informaron que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 ocurrieron 102 mil 696 homicidios intencionales, el funcionario describió las condiciones que enfrentan diversos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, migrantes indocumentados, periodistas, defensores de derechos humanos, niños, reclusos y miembros de la diversidad sexual.

Entre las recomendaciones de Heyns al gobierno mexicano se encuentran acelerar la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia adversarial, dar mayor independencia y facultades a los organismos públicos de derechos humanos y crear una institución de servicios médicos forenses y una base de datos sobre homicidios desagregada por entidad, sexo y edad.

De igual forma, sugirió investigar las ejecuciones extrajudiciales durante la guerra sucia y castigar a los culpables; retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública; limitar el fuero castrense; asegurarse de que los miembros de la Gendarmería Nacional estén bien capacitados para tratar con civiles, y realizar investigaciones prontas y efectivas de los asesinatos de miembros de grupos vulnerables.