El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, aseguró que autoridades judiciales y legislativas de dicha entidad están tratando de desvirtuar el proceso mediante el cual llegó al cargo, en febrero de 2012, debido a que sus recomendaciones han incomodado a diversos organismos de gobierno.

En conferencia de prensa, el abogado explicó que luego de llegar al puesto, con el voto unánime del Congreso local, empezó a encontrar obstáculos y la magistrada Celia Maya García aceptó la queja de otro aspirante al cargo, José Luis Pérez Guzmán, quien alegó haber sido discriminado por tener más de 60 años de edad.

Pese a que no estaba facultada para ello, de acuerdo con Nava, la juez falló contra la 56 legislatura de Querétaro y ordenó que los documentos de la solicitud de Pérez fueran aceptados para compararlos con los del ombudsman ya en funciones, lo que no implicaba que éste fuera destituido o que se repusiera el proceso.

Este hecho, dijo Nava, ha sido aprovechado por algunos grupos políticos para argumentar que su designación debe ser revocada, aunque ello sólo sería posible si hubiera cometido algún delito.

Añadió que la animadversión en su contra obedece a que ha emitido recomendaciones sobre el arraigo, el maltrato a mujeres y niños y el apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre otros asuntos.

Nava aseguró que ha recibido amenazas contra él y su familia y responsabilizó al diputado priísta Braulio Mario Guerra Urbiola, presidente de la mesa directiva del Congreso de Querétaro, y a Carlos Manuel Septién Olivares, presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.