los privatizadores no les basta con la entrega del petróleo, la electricidad y el gas, quieren también trabajadores sometidos para garantizar el nuevo ciclo de reproducción del capital, el saqueo del petróleo, y su obsoleto mercado eléctrico mayorista, sin huelgas y carentes de derechos laborales básicos. Con ese propósito y bajo el disfraz de un régimen especial, contenido en la adición de un título quinto bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para Pemex y CFE, se busca ubicar a los trabajadores petroleros y electricistas en un modelo laboral muy cercano al apartado B del artículo 123 constitucional. Cuentan para ello con la nueva y esclavizante Ley Federal del Trabajo, la complicidad de los dirigentes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y con el golpe, casi mortal, asestado en octubre de 2009 al Sindicato Mexicano de Electricistas.

La agresión a los trabajadores de la energía se veía venir desde el segundo transitorio de las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, asegurando el respeto a los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas conforme a la ley, pero sin mencionar los contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, en la revisión del paquete de 21 iniciativas privatizadoras enviadas al Congreso de la Unión encontramos una serie de consideraciones y propuestas que anuncian una agresión sin precedente a los derechos de los trabajadores de la energía y a sus respectivos contratos colectivos de trabajo.

Comencemos con las iniciativas de ley de Petróleos Mexicanos y ley de la Comisión Federal de Electricidad, en cuya página 45 afirman que los trabajadores de las empresas productivas del Estado son servidores públicos y no trabajadores privados, como sucede en cualquier otra empresa. Asimismo, en ambas iniciativas de ley proponen un régimen especial de remuneraciones, contrataciones y pago de servicios personales para todos los trabajadores de Pemex y CFE y sus empresas subsidiarias, conforme a un techo presupuestal aprobado (pág. 44 y artículos 1, 13, 40, 43, 71, 72, 73 de la ley de Pemex y artículos 1, 12, 39, 42, 74 y 75 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad). Además proponen que todos los trabajadores queden sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos (artículo 84 de la ley de Petróleos Mexicanos y artículo 87 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad). Por supuesto, excluyéndolos del reparto de utilidades (artículos 107 de la ley de la CFE y 104 de la ley de Pemex).

Por su parte, en la iniciativa de ley de la industria eléctrica en su artículo 99 el gobierno propone que los trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sean servidores públicos de confianza conforme la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, inhibiendo con esta medida cualquier posibilidad técnica operativa de llevar a cabo una huelga. Finalmente, para garantizar el control y sometimiento de todos los trabajadores de Pemex y CFE, en ambas iniciativas se propone un código de ética aplicable a todos los trabajadores de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en el que se establecerán los principios y directrices de ética corporativa que les sean aplicables (artículos 92 de la ley de la CFE y 89 de la ley de ­Pemex).

Como puede observarse, el conjunto de las propuestas y consideraciones contenidas en la iniciativas privatizadoras del petróleo y la electricidad prefiguran un modelo laboral precario y contrario a lo que se establece en los contratos colectivos de trabajo al eliminar un principio básico de la contratación colectiva como es la bilateralidad y el acuerdo entre las partes. De aprobarse estas iniciativas antiobreras, lo que se avecina son despidos masivos, recortes de prestaciones, proliferación de la tercerización y demás formas esclavizantes contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

La intención de los vendepatrias para entregar al capital privado y a los designios imperiales el petróleo y la electricidad, y la agresión mayúscula que se pretende contra los trabajadores petroleros y electricistas, puede ser detenida con la participación organizada del pueblo de México. Lo mismo promoviendo iniciativas y puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión para echar abajo el proyecto privatizador, que convocando a movilizaciones obreras y populares, así como participando en la campaña de recolección de 2 millones de firmas para realizar una Consulta Nacional en las elecciones federales de 2015 con la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? No.