Monterrey, NL, 8 de junio.

Priístas y panistas ya se movilizan para ser candidatos en el proceso electoral que entre junio y julio del próximo año renovará gubernatura, 51 alcaldías, diputaciones locales y federales, aunque no lo admiten abiertamente.

La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, es la precandidata más visible del Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, ha sido acusada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de recibir financiamiento de Juan José Rojas, el zar de los casinos, y de poseer una casa en construcción de 20 millones de pesos en una exclusiva zona del municipio de San Pedro.

El mes pasado, la munícipe lanzó una campaña institucional llamada Monterrey es MAs, a la cual el regidor priísta Arturo Montiel llamó propaganda descarada, porque utiliza las iniciales de su nombre resaltadas y con el color azul del PAN. Apenas el pasado jueves, Arellanes, luego de un acto oficial, dijo: Nuevo León ya está listo para tener una gobernadora.

Las senadoras priístas Cristina Díaz e Ivonne Álvarez (quienes fueron alcaldesas del municipio de Guadalupe) aspiran a suceder a su correligionario, Rodrigo Medina de la Cruz, quien intentará mantener la gubernatura para su partido y, de ser posible, para quien es considerado su delfín, Federico Vargas, secretario de Desarrollo Social.

Díaz es dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del tricolor, y cercana a Emilio Gamboa, líder del PRI en el Senado. Álvarez, a su vez, basa su fuerza en el apoyo de Ismael Flores, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Ismael Flores ha desafiado al gobernador en asuntos como las tarifas de transporte público y hace dos años ordenó a sus agremiados votar por el candidato panista a la alcaldía de Juárez, Rodolfo Ambriz, quien ganó.

Desde finales del año pasado, el gobernador empezó a otorgar cobertura del área de comunicación social a los actos en que participa Federico Vargas, desde la entrega de apoyos hasta bailes como chambelán de quinceañeras de escasos recursos.

Hace dos meses, Medina lanzó al ruedo a otro de sus colaboradores, el procurador Adrián de la Garza, quien libró la época de mayor inseguridad.

En esta carrera también se incluye a quien se considera el favorito del presidente Enrique Peña Nieto para Nuevo León: el secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo, quien tiene poco arraigo en el ámbito local.

Por el PAN han manifestado su interés por la gubernatura el ex alcalde de Monterrey y ex diputado federal Felipe de Jesús Cantú, y Mauricio Fernández, empresario y ex edil de San Pedro que en 2010 formó un grupo rudo para terminar a como diera lugar con asesinatos, secuestros y extorsiones de la delincuencia organizada. Dicho grupo fue disuelto un mes después porque, dijo, cumplió el objetivo de limpiar la localidad.

Cantú tiene poco apoyo popular por su alejamiento de la escena pública, mientras Fernández, quien compitió por la gubernatura en 2003 y hace casi dos años dejó la alcaldía de San Pedro, se mantiene vigente gracias a un documental que ha resultado ser su mejor medio de propaganda.

El priísta Jaime Rodríguez Calderón, conocido por haber sobrevivido a dos atentados cuando era alcalde de García, también promueve la mano dura para combatir al crimen y ya se anuncia un documental suyo. Sin embargo, El Bronco, como se hace llamar, primero debe ganar la batalla en su propio partido, pues no está en la lista de favoritos.

Pese a que las campañas electorales se iniciarán entre enero y febrero próximos, en la entidad ya abundan anuncios espectaculares, bardas, películas y comités que promueven a funcionarios y políticos, quienes niegan tal promoción.

El plazo para definir las reglas de las candidaturas independientes vence el 30 de junio y hasta ahora el Congreso local no ha tratado el tema. Los diputados pretenden imponer entre los requisitos que los aspirantes reúnan las firmas de 2 por ciento de los inscritos en el padrón electoral, como hacen los partidos, lo cual en Nuevo León equivale a casi 74 mil rúbricas.

Los aspirantes ciudadanos rechazan esa propuesta y piden que el requisito sea de 0.25 por ciento de los empadronados, o sea, poco más de 9 mil firmas cada uno. En cuanto al espacio en medios electrónicos y financiamiento, los diputados han sido acusados de oponerse a un reparto más equitativo y de buscar que los partidos se sirvan con la cuchara grande.