Los señalamientos de Olga Noriega, ex presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de que nunca renunció a su cargo, sino que sus compañeros la removieron de forma ilegal, son patrañas para ocultar su arrepentimiento por haber dejado el organismo y su incapacidad para dirigirlo, afirmó el comisionado Julio Hernández Barros.

En entrevista con La Jornada, el abogado recordó que en la sesión de la CEAV realizada el pasado 29 de abril, los comisionados discutieron las observaciones que debían hacer ante la propuesta de reglamento presentadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que daba mayores atribuciones a la presidencia y menoscababa al pleno como máxima autoridad.

De acuerdo con Hernández Barros, cuando los comisionados definieron los señalamientos que harían a dicha instancia, Noriega manifestó su desacuerdo con enviárselos y les anunció que presentaba su formal renuncia como presidenta y como comisionada, y empezó a retirar sus pertenencias de su oficina, ignorando la petición del comisionado Adrián Franco para que recapacitara.

Quedamos desconcertados, aunque esa era la tercera vez que renunciaba intempestivamente. Cuando algo no le parecía, se le hacía fácil renunciar, pero esta vez ocurrió en una reunión solemne del pleno, ante la secretaría técnica, que da fe de las sesiones, y hay un acta donde quedó asentado, detalló el litigante.

Ante dicho escenario, por mayoría de cinco votos contra uno, los restantes miembros de la CEAV aceptaron la renuncia de Noriega como presidenta –pero no como comisionada, porque esa es facultad del Senado– y designaron a Jaime Rochín del Rincón como su sucesor, en el ánimo de no interrumpir los trabajos del organismo.

Para Hernández Barros, uno de los artífices de la Ley General de Víctimas, las declaraciones de Noriega obedecen a que se sintió arrepentida de haber renunciado y a que quiso ocultar su incapacidad de cumplir con las altas labores de la institución.

Tras recordar que el juez 16 de distrito rechazó una demanda de amparo presentada por la académica para ser reinstalada en su cargo, por considerar que no hay evidencias de que fuera cesada de manera irregular, el abogado detalló que Noriega acusa de acoso a sus compañeros porque no le permitieron mantener a un asesor que ganaba un sueldo excesivo de 153 mil pesos mensuales –cuando los propios comisionados ganan 65 mil– y rechazaron la contratación de un supuesto experto en finanzas que propuso despedir a 111 empleados.

En contraposición, Noriega tenía pánico de autorizar gastos para atender a las víctimas, lo cual generó desatenciones y rezagos en diversos casos, lamentó Hernández Barros. Aseguró que la CEAV sigue trabajando de manera normal y rechazó cualquier acto indebido de soborno o intimidación laboral.