Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus similares en los estados y en el Distrito Federal que pongan en marcha un protocolo que atienda y garantice la reparación integral a víctimas de bullying.

Sobre el mismo tema, durante la sesión, diputados del PRI presentaron una iniciativa para reformar la Constitución, la Ley General de Educación y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en Materia de Acoso y Violencia Escolar, para que se sancione a menores que cometan homicidios por causa de acoso escolar a otro menor, con reclusión en el Centro Federal de Internamiento, por un periodo de uno a cinco años.

Además, proponen que en el caso de los hechos que se cometan derivados del acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor estarán obligados a la reparación del daño consistente en la cobertura total de los gastos médicos y sicológicos que se generen para la atención de la víctima, y en el caso del fallecimiento de la víctima por causas de acoso y violencia escolar los padres o tutores del menor infractor estarán obligados al pago de los gastos funerarios e indemnización que corresponda.

También, se indica en la reforma propuesta por los diputados priístas, el menor infractor que cometa actos de acoso y violencia escolar deberá cumplir un periodo de seis meses de prestación de servicios a favor de la comunidad inconmutables.

Los diputados firman la iniciativa son: José Alejandro Montaño Guzmán, Manuel Añorve Baños, Abel Octavio Salgado Peña y Leobardo Alcalá Padilla.

Entre las reformas que demandan los priístas a la Ley General de Educación está la modificación al artículo 66, por medio de la cual se establece que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela responsabilizarse de los daños que puedan ejercer sus hijas, hijos o pupilos, en sanciones por acoso y violencia escolar, que impartan las autoridades correspondientes.

También piden que se modifique el artículo 67: las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto informar a las autoridades competentes para que éstas remitan a los padres o tutores de las hijas, hijos o pupilos responsables de actos de acoso y violencia escolar ante las instancias correspondientes, a fin de resarcir los daños a la víctima o víctimas de acuerdo con la ley.

Asimismo, senadores de PRI, PAN y PRD presentaron otra iniciativa encaminada a crear la ley general para la prevención y atención de la violencia escolar, que plantea sanciones económicas hasta por 5 mil salarios mínimos –alrededor de 350 mil pesos– a maestros y padres de familia que sean omisos en casos de violencia escolar con sus hijos o alumnos.

Ello, al margen de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.