urante semanas la discusión económica nacional se centró en la torpeza del gobierno federal al no reconocer que su pronóstico de crecimiento para 2014 de 3.9 era inalcanzable. Se perdió de vista lo fundamental: el planteo de Hacienda no era lo que pensaban que podía crecer la economía, era la meta a la que se comprometía el gobierno frente a los ciudadanos, el Legislativo y los inversionistas extranjeros. Finalmente, el gobierno federal redujo su meta a 2.7 por ciento anual, reconociendo su incapacidad para actuar adecuando su política económica a las circunstancias internas y externas.
El recorte se hizo al conocerse el dato de crecimiento anualizado del primer trimestre del año de 1.8 y el resultado desestacionalizado de 0.8. Se confirmó que la dinámica económica estaba lejos de lo que pretendía la visión oficial. A partir de ese momento, la discusión empezó a centrarse en el estado de la economía, es decir, en la consideración de si nos encontrábamos en recesión o en crecimiento. De nuevo se perdía de vista lo fundamental: la responsabilidad gubernamental en el cumplimiento de las metas establecidas frente al Congreso de la Unión y que implicaban la creación de nuevos empleos.
El secretario de Hacienda defendió la posición oficial, con un argumento increíble: la economía está creciendo, no está en recesión; el crecimiento esperado de 2.7 es mayor que el tenido en promedio en los 13 años anteriores (los 12 panistas más el primero de Peña Nieto) que fue de 2.3 anual y mayor también que el obtenido desde 1981 (desde los últimos años del priísmo clásico, el de López Portillo, todos los años del neoliberalismo priísta y panista) que fue de 2.4 por ciento anual; aceptó que, además, el crecimiento de 2.7 es menor que el requerido, pero se están generando empleos.
El reconocimiento es extraordinario. El responsable de las finanzas gubernamentales acepta la mediocridad del desempeño económico nacional. Esta mediocridad resulta de factores ajenos a nuestra esfera de decisión y factores en los que se decide y actúa a partir de consideraciones basadas en intereses específicos, una mezcla entre decisiones gubernamentales y decisiones privadas. El saldo neto ha sido que el país ha desperdiciado oportunidades importantes de crecimiento, que aprovecharon casi todos los países latinoamericanos, por la incapacidad gubernamental, pero también por las decisiones de los empresarios.
Así, por ejemplo, en el periodo 2003-08 mientras América Latina aprovechaba el aumento del precio de las materias primas, de las remesas recibidas, de financiamiento externo abundante y barato, logrando un incremento del producto por habitante de 4.1 por ciento anual, en México el producto per cápita creció menos de 2 por ciento. En el complicado año de 2009, cuando la región recibió el impacto de la primera crisis global del siglo XXI, la economía mexicana se contrajo 6 por ciento, el peor resultado de la región.
Frente a este mediocre desempeño la respuesta del gobierno federal es que se está actuando y que habrá mejores resultados en los años y las décadas por venir
. Su argumento es que se están haciendo reformas postergadas por años, que permitirán acelerar el crecimiento económico. Es cierto que este gobierno logró aprobar en el Legislativo lo que los neoliberales priístas de las últimas décadas de siglo pasado y los neoliberales panistas de la primera década de este siglo no consiguieron, pero su impacto económico está por verse.
Lo cierto es que este 2014 el gobierno capaz de lograr el consenso parlamentario que otros no consiguieron, es incapaz de adecuar su política económica para administrar las dificultades generadas en el frente externo y, peor aún, es incapaz de actuar internamente para lograr conjuntar esfuerzos de los agentes económicos en torno a una meta económica importante. Se ha respondido a la reforma fiscal retrasando la inversión y el gobierno en lugar de actuar para contrarrestar sus consecuencias, explica todo por el feroz invierno estadunidense.
Así las cosas, tenemos un gobierno incapaz de asumir con entereza su responsabilidad para lograr metas que él mismo comprometió y un Legislativo incapaz de llamarlo a cuentas para obligarlo a modificar su planteo de política económica. El resultado está a la vista: las expectativas se ajustan a la baja cada mes.
