Durante los primeros tres meses del año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apretó las tuercas a más de 19 mil 300 contribuyentes, a quienes les aplicó auditorías para verificar el correcto pago de sus impuestos, como parte de un plan estratégico para incrementar entre los causantes la percepción de riesgo por no cumplir con las obligaciones fiscales.

De acuerdo con un informe del organismo, en el primer trimestre del año logró así elevar la recaudación por actos de fiscalización en 81.3 por ciento, es decir, en 14 mil 709 millones de pesos más que en igual periodo del año pasado.

Entre enero y marzo pasados, la recaudación por actos de fiscalización sumó 32 mil 787.9 millones de pesos. Pero eso fue, sobre todo, entre personas físicas y no con los llamados grandes contribuyentes, entre quienes únicamente se cobró 38.8 por ciento del total derivado de las auditorías.

La recaudación por actos de fiscalización es la más alta en un primer trimestre de año de que se tenga registro, e implicó que de los 32 mil 787.9 millones de pesos obtenidos, 61.2 por ciento, más de 20 mil millones de pesos, se obtuvo de personas físicas, mientras que 38.8 por ciento, equivalente a 12 mil 721.7 millones, lo pagaron grandes contribuyentes.

De acuerdo con el plan estratégico establecido para presionar a los causantes a pagar impuestos, el SAT se fijó como objetivo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y de comercio exterior mediante herramientas tecnológicas de fácil uso y acceso. Aunque para aquellos contribuyentes que no realicen el pago voluntario de sus obligaciones fiscales se aplicarán los mecanismos de auditoría y cobranza bajo esquemas tecnológicos modernos.

Sentencia: el contribuyente debe apreciar que el SAT conoce su comportamiento y que actúa con apego a la normatividad fiscal.

En síntesis, la línea dura que pretende aplicar el organismo tiene como propósito que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no quede impune y que exista la certeza de que las sanciones serán aplicadas con todo rigor, haciendo uso de las facultader otorgadas y aprobadas por el Congreso de la Unión a través de las disposiciones contenidas en la reforma hacendaria, que permitirán hacer más efectivos, expeditos y contundentes los procedimientos de ejecución.

La nueva estrategia fiscalizadora está enfocada a fortalecer las acciones operativas “para interactuar de forma permanente in situ con los contribuyentes, utilizando un enfoque preventivo y proactivo desde las primeras etapas de la planeación fiscal de dichos contribuyentes”.

Pero eso no es todo: entre los planes para la fiscalización de los contribuyentes se encuentra robustecer la capacidad de detección oportuna de prácticas ilegales, conductas evasivas e incumplimientos. Asimismo se contará con personal especializado en esquemas de evasión y prácticas elusorias, pues la autoridad deberá actuar pronta y oportunamente ante la detección temprana de incumplimientos, prácticas elusorias o defraudatorias, generando alertas oportunamente dentro de la institución y a otras dependencias implicadas y mejorando la capacidad de reacción con actos de intervención para la salvaguarda del interés fiscal.