La actitud del presidente Enrique Peña Nieto ante los familiares de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, hace cinco años, ha sido lamentable, pues únicamente se ha dedicado a evadir las solicitudes de audiencia que le han formulado, denunció José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio.

En conferencia de prensa realizada con motivo del quinto aniversario de la tragedia –en la que murieron 49 niños y 76 más resultaron heridos–, el activista indicó que en varias ocasiones han pedido reunirse con el mandatario para discutir aspectos como la sanción a los responsables de lo ocurrido, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta.

El gobernador Guillermo Padrés ha traicionado su palabra

De igual forma, abundó García Quintana, a los padres de las víctimas les interesa abordar temas como el tratamiento integral de salud a que tienen derecho los sobrevivientes y la necesidad de dar impulso en todo el país a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (conocida como Ley 5 de Junio).

La actitud de Peña Nieto ha sido lamentable, porque sólo se ha mostrado evasivo ante nuestras solicitudes de audiencia. Al igual que Guillermo Padrés (gobernador de Sonora), usó la tragedia para sacar raja política, al prometer que habría justicia, deploró.

El mandatario local, dijo, ha traicionado la palabra que dio a los padres y madres que perdieron a sus hijos el 5 de junio de 2009, pues no sólo ratificó en su cargo al entonces procurador Abel Murrieta –cuya destitución pedían los afectados–, sino que no ha enviado borrador alguno del reglamento para llevar a la práctica la Ley 5 de Junio en Sonora.

La falta de compromiso con esta norma es tal, dijo García Quintana, que únicamente se han hecho avances parciales en los estados de México, Puebla, Jalisco, Sonora, Baja California y Yucatán –aunque con graves deficiencias en este último caso–, mientras en Tabasco y el Distrito Federal apenas se está en un proceso de revisión de la ley para analizar cómo aplicarla. En todas las demás entidades las acciones han sido nulas, señaló.

En relación con la nueva comisión investigadora sobre el tema que se está preparando en la Cámara de Diputados, el activista advirtió que no es el primer grupo que se forma con dicho propósito, por lo que exigió que se presente en Hermosillo para explicar cuál es su plan de trabajo y su presupuesto, y de esa forma generar confianza entre las víctimas.