a quedado demostrado que el proyecto del gasoducto en la zona de los volcanes es inadecuado. Por decir lo menos. Los promotores de la cuantiosa inversión no han querido debatir públicamente sobre su pertinencia, y mucho menos hacer caso de las recomendaciones para no hacer o para modificar la construcción que por decenas, tal vez, les han hecho los expertos. Sugerencias recientes para llevar a cabo reuniones en privado no han tenido éxito tampoco; no parece que los gobiernos tengan la menor intención de suspender o siquiera ajustar la obra a las condiciones de peligro volcánico. La aparición de Ejército para proteger las zanjas cavadas en la zona refuerza esta idea.
Uno de los grupos en resistencia se llama Los de Abajo, y su figura más notoria es la diputada perredista –que no parece, por cierto, perredista–Roxana Luna, que forzó a la Secretaría de Gobernación a realizar una reunión entre los grupos opositores al proyecto y representantes de los gobiernos federal y de Puebla. Parece que no agradó a los empleados de Moreno Valle, en concreto al secretario de Gobierno, Luis Maldonado, la aparente imposición del centro, y asistió a la reunión a despotricar contra los asistentes e irse inmediatamente después, en lugar de abrir las puertas de una negociación. Los representantes de Osorio Chong amainaron los vientos de indignación y prometieron hacer otra reunión, cosa que, en lugar de ocurrir, se transformó en nuevas agresiones contra quienes disienten. Hasta este día no ha ocurrido reunión alguna, ni con ellos ni con otros grupos sociales o académicos. El diálogo no existe ni se busca.
El presidente municipal de Nealtican, a pesar de declararse neutral en el conflicto, acosa a la poderosa organización que en esa entidad se resiste a la obra, en particular a Selene Santamaría, cabeza visible de los miles de campesinos agrupados allí en esta lucha. Los presos Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores se encuentran en condiciones lamentables dentro de hacinadas mazmorras, y los que están procesados, como Avelino Velázquez –presidente del comisariado de bienes comunales de San Juan Amecac e integrante de la Unión Campesina Democrática–, sufren de una suerte de complicidad de los supuestos impartidotes de justicia con los constructores, cuando se les niega en los hechos la suspensión definitiva contra las órdenes de aprehensión.
Para amedrentar a la organización de Roxana Luna, en días pasados fueron aprehendidos varios dirigentes de los mototaxistas, con acusaciones igual de infundadas que las achacadas a los otros presos.
El hecho más amenazante de la semana fue la incorporación de soldados del Ejército Mexicano a las labores de patrullaje de las obras de excavación para el ducto, patrullajes que son en los hechos un ominoso alarde de fuerza armada contra la gente que se opone a este negocio de empresas extranjeras y funcionarios públicos. En Santa Isabel Cholula los habitantes se enardecieron el jueves pasado por la entrada de una cantidad muy grande de tubos, pero no tomaron medidas desesperadas, aun a pesar de que la constructora no cuenta con la anuencia de la población.
La reportera de La Jornada de Oriente Yadira Yaven fue violentada por empleados de la constructora cuando desde el camino quería tomar fotos de las obras; trataron de prohibirle estar ahí y pretendieron quitarle su celular de trabajo, y más tarde fue amenazada telefónicamente por un funcionario que dijo ser de la Secretaría General de Gobierno. La respuesta del gobierno estatal ante estos hechos fue decir que no conocía a los trabajadores de la compañía ni al sujeto que se ostentó como trabajador en dependencia pública alguna. Es una respuesta impolítica y pueril.
El diálogo no existe. Lo que se pretende es instaurar el miedo.
La gente que sabe que esta obra no le reportará más que perjuicios y los académicos que estudian el proceso no se encuentran cruzados de brazos. Los pueblos se organizan y se unen; la prensa activa está cada día más atenta al fenómeno porque la gente, de manera creciente, demanda información veraz; los medios que han sido silenciados, incluso de manera humillante, por el gobierno de Moreno Valle se ven desplazados en la atención de la gente. En este momento no hay simulación que valga.
La respuesta ante la reaparición del académico de la Universidad Autónoma de Puebla Ricardo Pérez Avilés, quien cuenta con un extraordinario currículo, en el auditorio de la Facultad de Economía, demostró que los universitarios están indignados por la hostilidad de las autoridades en su contra –porque también son otros los que han sido amenazados– y están dispuestos, igualmente de manera creciente, a unirse a las acciones de protesta.
Las organizaciones sociales y políticas formaron un frente para convocar a una manifestación de protesta para el 10 de junio, contra todos los atropellos del gobierno. Son fuerzas que no coinciden con frecuencia, pero al parecer han concluido que es necesario poner un hasta aquí a la situación.
Existen intentos en el ámbito judicial para revertir este despropósito, los que se suman a las acciones para conseguir la libertad de los presos y el cese a los procesos contra los perseguidos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de presos y perseguidos sociales y políticos.
La propuesta de diálogo se ha quedado en un solo lado de la mesa. Del otro, lo que prevalece es la insensatez y el uso creciente de la manu militari.
* Director de La Jornada de Oriente
