Más de una decena de niños en desamparo permanecen en instalaciones del Ministerio Público desde abril pasado sin presupuesto para comida ni acceso a artículos personales y ropa, y son bañados con una regadera eléctrica. Los menores no tendrían por qué estar ahí, pero el DIF se ha negado a prestar la guardia y custodia y acomodarlos en algún albergue, según sea el caso, denunció la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Polimnia Romana Sierra.

Hoy se trata de cinco niñas y siete niños, pero esto puede cambiar mañana; están ahí por casos relacionados con omisión de cuidado, violencia, privación de la libertad, lesiones, robo u homicidios. El que más tiempo lleva ahí está desde el 28 de abril, a pesar de que el MP sólo puede tener personas por 48 horas, dijo la legisladora, quien lamentó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haya dado prioridad a la iniciativa para la protección de animales mientras siguen pendientes de analizar y discutir varias iniciativas para proteger a la infancia.

En conferencia de prensa, señaló que es el DIF quien decide quién se queda con la guardia y custodia en lo que se define la situación de los infantes que quedan en el desamparo al perder a sus padres y no contar con familiares cercanos, porque el MP adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes los entrega a esa institución después de 48 horas.

El DIF no quiere cumplir con su obligación de guardia y custodia y decidir a qué albergue se traslada a los menores o dónde hay lugar, agregó la legisladora, quien señaló que los menores no pueden ser fotografiados ni dar testimoniales a terceros, porque son parte de un proceso y al ser menores de edad y no estar definida su patria potestad no está permitido por la ley.

En este contexto, informó que desde abril de 2013 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cuenta con la propuesta para crear la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos de la Niñez, pero aunque existe un acuerdo firmado en noviembre pasado por la Comisión de Gobierno, no ha existido la voluntad política en el órgano legislativo para hacerlo realidad.

Dicha defensoría busca establecer un nuevo paradigma que se distinga de acciones asistencialistas, reconociendo las acciones de gobierno como obligaciones del Estado y no como un acto de caridad discrecional. Es decir, que las acciones respondan a obligaciones constitucionales y legales y no a obligaciones morales.

En conclusión, aseveró que este organismo no suplirá las deficiencias de otras instituciones estatales en cuanto a sus atribuciones respecto de la infancia. Por el contrario, garantizará que cada institución o dependencia desarrolle los programas y acciones necesarias para hacer efectiva su acción respectiva a los derechos de la infancia.