San Luis Potosí, SLP, 1º de junio.

Un juez penal emitió orden de aprehensión contra Juan Martín Gatica Izaguirre, jefe de departamento de la dirección de planeación y seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) estatal, acusado de acosar sexualmente a una empleada de esa dependencia.

Gatica Izaguirre también es delegado en la dependencia ante el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (Sutsge).

Pasaron más de nueve meses antes de que la denuncia de María de Jesús Almendárez Prieto, de 50 años de edad, llegara a un juez penal de primera instancia, quien giró la orden de detención. La presunta víctima indicó que fue hostigada por sus compañeros de trabajo cuando se enteraron de que denunció penalmente a Juan Martín Gatica, e incluso enviaron al Sutsge un escrito a favor del acusado, por lo que pidió protección a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Almendárez Prieto dijo que el supuesto abusador recibe protección de Juan Gerardo Ferretiz González, titular de la Seduvop, y de la ex diputada local priísta Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sutsge. Sin embargo, adelantó que recurrirá a tribunales superiores e internacionales.

Según la averiguación penal 507/V111/2013, en diciembre de 2012 Gatica habría comenzado a presionar a Almendárez para que tuvieran una relación, y el acoso llegó a tocamientos y besos contra la voluntad de la afectada.

Decía que ayudaría a que mi hijo Rubén David Almendarez Prieto entrara a trabajar al gobierno. Yo le dije que no porque él está casado y yo tengo una relación. Decidí alejarme, pero empezó a acosarme, primero mediante mensajes a mi celular particular y luego con llamadas, señaló.

La mujer amplió el 9 de septiembre de 2013 su declaración ante el Ministerio Público especializado para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y Derechos Humanos.

Gatica Izaguirre tramitó un amparo y se espera que la próxima semana se decida si procede.

Ferretiz González, titular de la Seduvop, aceptó por escrito las medidas precautorias que la CEDH ordenó con fecha 20 de diciembre de 2013 para garantizar que la trabajadora pueda realizar sus actividades sin ser hostigada.