San Cristóbal de las Casas, Chis., 31 de mayo.

Los 22 indígenas de los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, de la Asociación Rural de Interés Colectivo- Independiente y Democrática y de otras organizaciones de Ocosingo, detenidos el jueves en Tuxtla Gutiérrez, fueron liberados ayer a las 20:30 horas, luego de firmarse en la ciudad de México un acuerdo con autoridades federales y estatales, informaron los excarcelados.

Entrevistados anoche en esta ciudad cuando viajaban hacia sus lugares de origen, dijeron que fueron liberados bajo las reservas de ley, luego de suscribirse el convenio, con la finalidad de evitar el uso de la fuerza y los daños a terceros.

Comentaron que los delitos de los que se les acusaba están relacionados con bloqueos carreteros, cierre de oficinas federales, estatales y municipales y de tiendas de cadenas nacionales en la ciudad de Ocosingo, así como de movilizaciones en Frontera Corozal, en la selva Lacandona.

Explicaron que por la confusión propia del caso, al inicio se habló de que eran 30 detenidos, pero finalmente sólo 23 fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, ya que algunos escaparon y otros no fueron aprehendidos.

Precisaron que el indígena tzeltal Mario Marcelino Ruiz Mendoza, defensor de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), fue puesto en libertad tres horas después de haber sido detenido, por lo que sólo quedaron 22 que salieron anoche.

Informaron que uno de sus compromisos fue la suspensión de los bloqueos carreteros y de las movilizaciones que iniciaron la semana pasada, por lo que las suspendieron ayer mismo.

Señalaron que el gobierno federal, a través del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, quien firmó el acuerdo, se comprometió a gestionar ante la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación una reunión en la ciudad de México, entre el 3 y el 4 de junio próximo, a la que asistan las autoridades estatales y la defensa de Gabriel Montoya Osegura, asesor de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, cuya detención el 15 de mayo originó las movilizaciones.

Expresaron que de igual forma en el documento suscrito ayer se acordó construir un mecanismo de intermediación que facilite el proceso de diálogo, para lo cual se propuso que sea Serapaz el encargado de conducir la intermediación.

Además, se convino que la primera reunión de trabajo de la mesa interinstitucional en la ciudad de México para abordar la agenda de fondo de la problemática de la comunidad lacandona con todos los actores involucrados: sector ambiental, agrario y otros, con un horizonte de 15 días máximo, para que Montoya pudiera ya participar en la misma y de no ser así se sostendría el encuentro para realizar las medidas jurídicas pertinentes para la liberación.

Los indígenas aseguraron que las autoridades estatales les pusieron una trampa, pues habían sido citados a una reunión en el palacio de gobierno cuando fueron detenidos 23 de los cerca de 30 miembros de la comisión negociadora.