La restructuración de mandos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una decisión interna, de la cual el gobierno federal es respetuoso; los cambios internos de la comandancia del EZLN no alteran la situación de suspensión del diálogo, que se encuentra amparada en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, expuso Jaime Martínez Veloz.

En entrevista, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México comentó que después del cese al fuego de los primeros días de acciones militares en 1994, las iniciativas impulsadas por el EZLN han sido de carácter político.

“La carta de despedida del subcomandante Marcos enfatiza este aspecto y hace referencia al contenido de la Sexta declaración de la selva Lacandona, donde se establece textualmente que ‘el EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos. El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa pacífica que ahora hacemos. Por tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países’”, dijo.

A 18 años de haberse firmado los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, indicó Martínez Veloz, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, se encuentra realizando un conjunto de tareas que tienen como propósito construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios.

Dichos acuerdos, construidos al amparo de un proceso de diálogo y negociación apoyado por la ley y todas las instituciones de la República, se ven expresados, en gran medida, en el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007.

En el decimotercer periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, celebrado en Nueva York, el gobierno mexicano, a través del comisionado, indicó que “los temas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos convocan a una profunda reflexión sobre aspectos que han motivado el quehacer y las luchas de los pueblos indígenas del mundo.

La lucha por la libre determinación y la autonomía, el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida económica, social y cultural del Estado, son elementos que conforman una de las partes más importantes de las demandas de nuestros pueblos originarios.

Sobre el particular, este diario publicó que el gobierno federal, a través del Programa Sectorial 2013-2018 de la Secretaría de Gobernación, publicado el 12 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, en la línea de acción 1.1.9, se comprometió a impulsar la armonización de legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la línea de acción 1.5.3 se establece otro compromiso para impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena.

Junto a esto, en el contexto del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, México aceptó las observaciones que, entre otros aspectos, se refieren al compromiso de fomentar una mayor participación de los pueblos indígenas, mediante una ley que regule sus derechos de consulta previa, libre e informada, asegurando la completa y efectiva consulta de las personas indígenas en la economía y el desarrollo de las políticas y proyectos que las afecten.

A este hecho, Martínez Veloz respondió que en la administración federal “estamos convencidos de que la Ley de Consulta Indígena será la definición del marco normativo, que brindará certidumbre a la nación, a los pueblos indígenas, al Estado mexicano y en su caso a los posibles inversionistas o empresarios, quienes deberán reconocer que el desarrollo y el progreso deberán caminar de la mano del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Por tanto, ante esta nueva etapa de México, el gobierno federal, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, reafirma y enfatiza el compromiso de que la vía política es la alternativa para construir una nueva relación entre los pueblos originarios de nuestro país y el Estado mexicano.