Phoenix, 31 de mayo.

El gobierno de Barack Obama se declaró dispuesto a abandonar su litigio contra una sección de la ley SB1070 sobre migrantes de Arizona, de 2010, cuyos críticos consideran abierta discriminación racial. Se logró un acuerdo entre el Departamento de Justicia y la gobernadora republicana, Jan Brewer, promotora de la ley, que pondría fin a la demanda que exige anular de la legislación el requerimiento de que la policía pregunte sobre el estatus migratorio de las personas sospechosas de estar en el país sin permiso.

A cambio, Arizona eliminaría permanentemente una cláusula que requiere que los migrantes lleven consigo documentos con los que comprueben que están legalmente en el país.

La posible resolución de partes clave de la impugnación se produce luego de casi cuatro años de litigio.

La Corte Suprema federal ratificó la cláusula de cuestionamiento de estatus legal, pero anuló la referida a la de obligar a inmigrantes a portar sus documentos de registro.

Los tribunales han bloqueado otras partes de la ley hasta que las disputas sean litigadas más a fondo, como la prohibición de albergar a migrantes no autorizados a estar en Estados Unidos. Ese requerimiento sería anulado permanentemente si el acuerdo propuesto es aprobado.

El Departamento de Justicia y la oficina de la gobernadora de Arizona no respondieron de inmediato a mensajes solicitándo sus comentarios.

Persisten otras dos de seis impugnaciones a la ley de 2010. Una de las demandas fue presentada por una coalición de grupos cívicos que interpusieron un desafío más amplio que el del gobierno de Obama.

Karen Tumlin, abogada de la coalición, dijo que la demanda de su grupo continuará incluso si el gobierno deja de poner objeciones a la ley.

Tiene que quedar claro que los habitantes de Arizona no pueden ser detenidos ilegalmente con base en su posible estatus de inmigración, dijo Tumlin.

Las negociaciones para estos acuerdos ocurren en medio del estancamiento que persiste en el Congreso federal respecto de la prometida reforma de las legislaciones migratorias. En Estados Unidos unos 11 millones de ciudadanos aguardan por la modificación de las leyes migratorias, rehenes de agudas divergencias entre demócratas y republicanos en el órgano legislativo federal.

En este contexto, familias de indocumentados que ingresaron en las últimas semanas al estado de Texas desde la frontera con México fueron trasladas a Arizona y liberadas en paradas de autobuses por las autoridades de migración.

Por primera vez, los centros de detención de Texas se desbordaron en el último mes debido a la gran afluencia de centroamericanos que cruzaron la frontera al valle del Río Grande, dijo Andy Adame, vocera de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona.

Muchas de las personas que cruzan la frontera son rápidamente obligadas por la patrulla fronteriza a volver, pero los procedentes de América Central y otras regiones son trasladados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser deportadas a sus países.

Unos 400 inmigrantes que ingresaron a Texas fueron entregados a la ICE y liberados en estaciones de autobuses en Tucson y Phoenix, pero deberán reportarse dentro de 15 días, y sus casos se manejarán con base en las prioridades migratorias, indicó la agencia.