La Semarnat tiene desde el 29 de mayo el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental (Mia) del proyecto Cabo Dorado, por lo que es falso que los inversionistas se hayan retirado del proceso de evaluación, como anunciaron este viernes, señalaron las organizaciones Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Costasalvaje, Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Greenpeace y el Grupo de los 100.

Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) exhortó al presidente Enrique Peña, en un comunicado, a proteger de manera definitiva Cabo Pulmo y su zona terrestre adyacente para asegurar la conservación de esta reserva marina única en el mundo.

Los responsables del proyecto Cabo Dorado anunciaron en una carta abierta a Peña Nieto que decidieron retirar la Mia e interrumpir el proceso de evaluación.

Las empresas Glorious Earth Group, estadunidense, y Beijing Sansong International, china, señalaron que esta decisión se dio con base en las importantes preocupaciones que se han generado en torno al proyecto Cabo Dorado, en relación a los riesgos que pudiera implicar para el medio ambiente y la preservación del Parque Nacional Cabo Pulmo.

Próximamente presentarán unos nuevos Mia y proyecto que tome en cuenta en forma detallada las críticas fundadas que se han manifestado y las cuales hemos escuchado con el mayor respeto y detenimiento.

Sin embargo, señaló en entrevista Raúl Estrada, de Greenpeace, los inversionistas no pueden retirarse del proceso de evaluación dado que la Semarnat ya contaba con el dictamen de la Mia, mismo que se han negado a recibir.

Las organizaciones aclararon que el retiro del proyecto de Cabo Dorado demuestra lo que durante casi tres meses denunciaron más de 100 científicos, organizaciones civiles y habitantes de las comunidades de la región de Cabo del Este: el proyecto era insostenible debido a los impactos ambientales, económicos y sociales por la construcción de un desarrollo tan invasivo.

Además, la Semarnat debe reconocer las falsedades y graves omisiones de la Mia de Cabo Dorado y denunciar ante la PGR la probable existencia de delitos previstos en el Código Penal Federal.

En realidad, afirmaron las organizaciones, los inversionistas de Cabo Dorado no desean replantear el proyecto, puesto que han “mantenido su concesión para construir y operar una marina que fue autorizada para el proyecto de Cabo Cortés, cancelado en junio de 2012. Esto se debe a que Hansa Baja Investment –promotora de Cabo Cortés– cambió su razón social a La Rivera Desarrollos BCS”, que presentó presentó recientemente un amparo contra el procedimiento de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de los Cabos.