romovida como la panacea por los gobiernos latinoamericanos surgidos del Consenso de Washington, la inversión extranjera directa deja muchísimos pendientes y representa pesadas cargas para las economías receptoras, comenzando por la generación de empleo en el sector formal, una de las condiciones que las presuntas autoridades regionales impusieron al capital foráneo para instalarse cómodamente.

En este contexto, la Cepal advierte que la intensidad de las corrientes de inversión que reciben los países de América Latina y el Caribe ejerce una enorme influencia sobre estas economías, pero también despierta una serie de preocupaciones respecto de cuáles son los rasgos que esta inversión imprime a los mercados de trabajo internos. Al analizar esta situación, dice el organismo, un primer hallazgo es que las empresas trasnacionales son una fuente secundaria de creación de empleos, cuando los gobiernos y los propios corporativos ofrecieron el oro y el moro a la hora de instalarse en la región.

Durante la década de 1990, al parecer fueron más relevantes en la inversión extranjera directa (IED) los procesos de privatizaciones, fusiones y adquisiciones, especialmente en América del Sur, en particular en Argentina, donde la proporción fue en extremo alta, y en México, donde fue más moderada. En ese periodo, la mayor parte de la inversión no habría creado capacidades productivas que fomentaran la expansión del empleo, sino que habría estado ligada a procesos de restructuración de empresas, que se tradujeron en racionalizaciones y despidos de mano de obra.

De hecho, subraya la Cepal, desde la perspectiva específica de los mercados de trabajo, no resulta tan evidente que este tipo de inversiones por sí mismas contribuyan de manera automática a mejorar las condiciones de vida de la población, a cerrar las brechas de productividad ni a mejorar la distribución del ingreso. En el caso de las inversiones en los sectores intensivos en recursos naturales, particularmente el de minería e hidrocarburos, la evidencia indica que los impactos sobre la creación de empleos directos quedan muy acotados.

Entre los hallazgos documentados por el organismo especializado destaca el siguiente: por cada millón de dólares invertidos se crea solamente un puesto de trabajo en el caso de las actividades extractivas y dos puestos en el caso de las manufacturas intensivas en recursos naturales. Estos sectores concentraron 47 por ciento de los montos de los proyectos de inversión anunciados a lo largo de los 10 años estudiados (2003-2013).

La inversión que obedece a estrategias de fragmentación y deslocalización de la producción, apunta, implica el desplazamiento de la creación de puestos de trabajo en los sectores manufactureros y de servicios desde los países desarrollados hacia las economías en desarrollo. Estas estrategias son un componente del actual proceso de globalización que caracteriza a la competitividad internacional. La manera en que las cadenas de actividades se organizan entre firmas y países y los segmentos donde se crean empleos definen las nuevas configuraciones productivas. La separación de los procesos entre etapas intensivas en trabajo, con rutinas establecidas que se traspasan a empresas independientes (proveedores), y las etapas donde no prevalecen las rutinas y las funciones son intensivas en capacidades favorece la configuración de estructuras duales de salarios y de beneficios laborales entre países desarrollados y en desarrollo.

La experiencia en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe indica que “el rumbo que ha seguido el fenómeno de la IED supone más un riesgo hacia la profundización de procesos de bloqueo –el refuerzo de la especialización de las economías en sectores de bajo valor agregado– que una vía hacia una mayor diversificación. Asimismo, la elevada concentración económica de esos procesos dificulta que el creciente poder de las corporaciones trasnacionales pueda ser balanceado para prevenir impactos sociales y ambientales desfavorables. Evidencias en este sentido se encuentran, por ejemplo, en las experiencias de las firmas maquiladoras en Centroamérica y en la minería en regiones andinas. Esto refuerza la importancia que tienen las políticas que modifican rentabilidades en las estrategias destinadas a diversificar las estructuras productivas para mejorar el empleo y la distribución del ingreso”.

La Cepal ejemplifica con un estudio emblemático, que se orientó a analizar el impacto de la IED sobre el empleo durante el periodo 1990-2004, particularmente en las tres economía más grandes de América Latina (Brasil, México y Argentina). En este sentido, apunta, se observó que la importante afluencia de IED a la región durante esos años tuvo efectos negativos en el empleo, principalmente debido a las características de la IED recibida. En la investigación se constató que, si bien durante la década de 1990 las circunstancias favorables a la inversión extranjera propiciadas por el conjunto de reformas que se habían implementado en casi toda la región estimularon la llegada de capital orientado a la creación de nueva capacidad productiva, aún fueron más relevantes las privatizaciones de empresas públicas y las fusiones y adquisiciones de empresas privadas, especialmente en América del Sur, siendo la proporción extremadamente alta en Argentina (superior a 80 por ciento) y más moderada en México (alrededor de 40 por ciento).

Según el estudio, puntualiza la Cepal, “en ese periodo la mayor parte de la inversión no habría creado nuevas actividades productivas que fomentaran la expansión del empleo, sino que estaría ligada a la restructuración de las empresas, la cual se tradujo en racionalizaciones y despidos. Una parte sustantiva de la IED se destinó a servicios –privatizaciones de empresas de utilidad pública y restructuraciones de bancos– en los que se tendieron a utilizar activos existentes. En el sector manufacturero, al igual que en el de los servicios, las estrategias de restructuración para aumentar la productividad se concretaron en reducciones de personal”.

Las rebanadas del pastel

La Cepal le regaló la cereza al ministro del año: el bajo crecimiento económico “es ya casi una característica de México… es difícil entender cómo la economía mexicana, que cuenta con amplios recursos naturales, capital humano preparado y acceso a la tecnología, crece a tasas por debajo del promedio de los países de la región y a un ritmo lento por una ya larga temporada”.

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