Megaproyectos y represión
a ecuación es aparentemente simple: Llegan los megaproyectos (hidroeléctricas, minas, gasoductos, proyectos eólicos y un lamentable etcétera) a las comunidades indígenas en las que se encuentran los recursos naturales, intentan imponerse a base de intimidación y de prebendas y se topan con la resistencia. Viene entonces la represión, la criminalización de la protesta, la prisión, la tortura, la desaparición, el uso del Ejército. Todo para imponerse con la justificación de la palabra progreso
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Ante la resistencia, el Estado salvaguarda los intereses de las empresas y éstas entran a los territorios escoltadas por el Ejército. Esta es la fórmula que se empleó el pasado 27 de mayo en Puebla, cuando personal y 12 máquinas de la constructora Bonetti irrumpieron en San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan, acompañados de tanquetas del Ejército y policías estatales. El uso de la fuerza pública para amedrentar a los pobladores que se oponen a la construcción de un gasoducto –en Amecac ya expulsaron una vez a los empleados– es ilegal, pues las autoridades comunitarias y ejidales no han dado permiso para que la obra comience, dice Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El Proyecto Integral Morelos (PIM), del que forma parte el gasoducto, es de carácter energético y atraviesa 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Prevé la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW), ubicadas en Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa 60 pueblos de estos estados, en la zona de riesgo del Popocatépetl, y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos de Ayala, Morelos.
La criminalización de la protesta no es nueva y los gobiernos afinan cada vez más los instrumentos para llevarla a cabo. Justo en Puebla tuvo lugar recientemente el debate por la llamada ley bala, que fue denunciada por 29 organizaciones sociales locales que advirtieron que, sin un debate claro, profundo y público, se votó una ley que faculta a los agentes de las instituciones policiales de la entidad para ejercer fuerza letal, en distintas modalidades, en contra de la población, favoreciendo un sistema de violación a los derechos humanos. La iniciativa se modificó, pero las intenciones no, y justo dos semanas después entró el Ejército a las comunidades.
