Nestora Salgado García, presa en un penal federal en Nayarit, afirmó a diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) que teme por su vida.

El miércoles, legisladores visitaron a la ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y constataron que se encuentra en condiciones de aislamiento, prácticamente incomunicada de sus familiares, incluso que en los nueve meses que lleva en reclusión, no se le ha permitido tener contacto con un abogado.

Sólo su hija puede estar aproximadamente hora y media con ella, pero lo puede hacer cada dos semanas, debido a que debe trasladarse desde Olinalá a Nayarit.

En entrevista el diputado Roberto López Suárez (PRD) informó que Nestora Salgado explicó a los legisladores que durante siete meses se le mantuvo en una celda de aislamiento, y sólo a partir de abril se le permitió salir y caminar durante 45 minutos diarios.

Refirió que apenas ayer, debido a la presión de los diputados, su hija pudo ingresar al penal el formato para recabar su firma y autorizar que el despacho de abogados Gómez Mont la represente.

López Suárez indicó que el despacho fue contratado gracias a la intervención de una organización no gubernamental y una universidad de Estados Unidos, y que si bien ella tiene nacionalidad estadunidense, la embajada de ese país poco ha hecho para mejorar al menos las condiciones de reclusión.

Informó que los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados presentarán el lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de Nestora Salgado y al debido proceso.

También solicitará que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inicie una investigación formal, porque si bien ha recibido a visitadores del ombudsman, no hay una recomendación específica sobre su caso.

Además se pedirá al gobierno de Guerrero se desista del proceso y se le libere, porque los dos delitos principales que se le imputaron, portación ilegal de arma y privación ilegal de la libertad, ya no forman parte de la causa penal.

Seis diputados lograron entrevistarse con Salgado García, en dos grupos de tres, y la dirección del penal no les permitió tomar imágenes sobre las condiciones en que está sometida.

Los legisladores que viajaron a Nayarit son Loretta Ortiz Ahlf (PT), y los perredistas López Suárez, Elena Tapia, Teresa Mojica, Vicario Portillo y Carlos de Jesús Alejandro; los últimos tres, de Guerrero.

“No tiene un trato igual al resto de las presas. Ofreció una opinión amplia de por qué está recluida. Considera que es el cobro de una factura por encabezar el movimiento de la policía comunitaria. Pero sobre todo, porque es mujer.

Fue detenida en un operativo masivo, por elementos del Ejército, con el apoyo de la Marina y policías estatales y municipales. Se le obligó a firmar una acusación bajo presión y relató que antes de su traslado, por militares a Nayarit, un civil la obligó a desnudarse. Incluso la tocaron, señaló.

Recordó que su captura, sin orden de aprehensión, tiene origen en que la policía comunitaria detuvo a un síndico del tricolor y a un agente del Ministerio Público involucrados en el robo de animales.

Teme por su vida y obviamente considera que tocó intereses del crimen organizado y por eso la mantienen presa, señaló.