No cualquiera que hable una lengua nativa puede ser intérprete en un juicio en el que sean parte los indígenas, estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar anticonstitucional que los juzgadores nombren traductores prácticos sin que previamente agoten las vías institucionales para obtener el auxilio de un intérprete profesional.

Al conceder un amparo a un mixe acusado de matar a su esposa, la primera sala señaló que los indígenas tienen derechos, los cuales se deberán cumplir con las siguientes características: la autoridad debe requerir a las instituciones, ya sean estatales o federales, que asignen un intérprete profesional certificado.

En caso de no encontrarlo, se podrá nombrar un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún certificado institucional.

Si se demuestra que no se pudo obtener algún intérprete práctico, se puede nombrar un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura del indígena procesado.

Además, advierte, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que habla perfectamente español.