Carreteras a remate y funcionarios en la impunidad
l remate de los bienes nacionales tuvo en los días finales de la administración de Felipe Calderón un colofón digno y a la altura del grupo depredador encumbrado en el poder del país cuando una triada hizo lo que se le antojó con la red carretera nacional, violentando normas jurídicas y despojando a una institución pública como Caminos y Puentes Federales (Capufe) de las autopistas federales de cuota de mayor rentabilidad para entregárselas a la iniciativa privada.
Los secretarios de Comunicaciones Pedro Cerisola y Weber, Juan Francisco Molinar Horcasitas y el veracruzano Dionisio Pérez Jácome entregaron 19 autopistas federales de cuota a la IP, incumpliendo la normatividad vigente, sin autorización del Congreso de la Unión, con engaños y ampliación ilegal de los plazos de vigencia de las concesiones, según la denuncia ante la Secretaría de la Función Publica que presentó esta semana el Sindicato Nacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Empresarios nacionales y extranjeros, en forma encubierta, se apropiaron de una parte sustantiva de las autopistas nacionales de cuota más redituables, construidas además con recursos públicos y entregadas mediante erogaciones simbólicas a la iniciativa privada por vía de mañosos artificios legales.
De los 19 casos analizados, en 13 se han detectado irregularidades en los títulos de concesión y las restantes le fueron quitadas ilegalmente a Capufe antes de que venciera el plazo asignado.
Son tres las vías de comunicación ubicadas en la entidad las que formaron parte de esta venta de garaje. Acaso la que representa el afán desmedido por quedar bien con los patrones de la IP es la autopista Esperanza-Ciudad Mendoza, administrada de manera dual, la mitad por Capufe y la otra por el concesionario. Es decir, el gobierno cobra de ida y el empresario de venida.
Las autopistas federales de cuota Perote-Banderilla y Amozoc-Perote fueron concesionadas a plazos desproporcionados. La licencia de la primera fue otorgada por 30 años a la Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, SA de CV. Pérez Jácome Friscione amplió la adjudicación hasta 45 años a partir del 14 de febrero de 2008.
Así, los concesionarios están facultados para decidir el costo por peaje sin restricción legal, lo cual hace que México tenga las tarifas más altas. El costo del comisionista por kilómetro recorrido estaba en abril del año pasado en 2.68 pesos, más del doble de lo cobrado en las vías de Capufe y un peso arriba de los 1.89 que se cobran en Japón, el segundo país con más altas cuotas.