a surgido, con intenciones de extenderse activamente por el país, una nueva etiqueta de trabajo político y social, las autodefensas ciudadanas. Como personajes centrales están los polémicos y zigzagueantes líderes del movimiento surgido en Michoacán, el médico José Manuel Mireles y el agricultor Hipólito Mora, quienes unos días se muestran con subidos ánimos de colaboración con el gobierno federal y otros, los más recientes, se distancian de funcionarios y políticas federales y estatales y los confrontan, envueltos ambos en diversos momentos en situaciones confusas que no han merecido de parte de ellos aclaraciones contundentes y convincentes.

Otro segmento lo forman distinguidos sacerdotes católicos que desde su fe han ejercido un muy respetable y valioso trabajo de acompañamiento y defensa de causas populares y derechos humanos, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y Alejandro Solalinde. A ese abanico se suman personalidades con acento partidista, como el ex gobernador panista de Baja California, actual senador, Ernesto Ruffo (quien aseguró ayer en su discurso que él siempre ha sido un autodefensa, luego de haber sido amablemente presentado como autodefensa frente a las estructuras de gobierno corruptas) y el abogado y catedrático Jaime Cárdenas, quien ha participado en el primer círculo de la asesoría y representación jurídica de movimientos encabezados por Andrés Manuel López Obrador.

El motor inicial del evento, escribió Arturo Cano en su reporte al portal de La Jornada, fueron dos hermanas de apellidos Vázquez Alatorre. Selene Lucía, quien fue secretaria de política social (de 2008 a 2011) con Leonel Godoy como gobernador y, a nombre del sol azteca, senadora suplente (titular en un breve periodo final, cuando Silvano Aureoles solicitó licencia para buscar una diputación federal) y actualmente diputada local independiente que preside la comisión de justicia del congreso michoacano (selenevazquez.com). Y Talía, cuyo nombre ha estado muy presente en medios informativos por haber acusado de violación a quien era su esposo, Juan Iván Peña Neder, ex funcionario de la secretaría de Gobernación, a quien ha señalado como partícipe de múltiples maniobras irregulares en materia de licencias para casinos y, en este mismo contexto de los negocios de azar, al senador calderonista Roberto Gil Zuarth, quien interpuso y ganó, en septiembre del año pasado, una demanda por daño moral contra la propia Talía que le había acusado de recibir un maletín con 800 mil dólares para autorizar la apertura de un casino en Querétaro (http://bit.ly/1nWg8gh).

Hasta ahora, los resolutivos judiciales han sido marcada y consistentemente adversos para Talía Vázquez Alatorre en cuanto al caso de violación, estando pendiente una resolución en segunda instancia. Es decir, a contracorriente de la amplia solidaridad de género que se ha manifestado a favor de la parte acusatoria, las pruebas y señalamientos contra el presunto violador no han sido considerados como indicativos de culpabilidad de Peña Neder, al menos en la primera instancia judicial (más allá de apasionamientos, la historia del proceso judicial en mención es merecedora de serio interés jurídico, y los entretelones, dignos de novela negra, con corrupción, riqueza proveniente de relaciones con las élites del poder político, venganzas y abusos). En el natural cruce de acusaciones que suele darse en estos casos, a la propia Talía la han señalado como socia del llamado zar de los casinos, ahora caído en relativa desgracia, Juan José Rojas Cardona, y como accionista de ese tipo de negocios en Guanajuato, Michoacán y Nuevo León (http://bit.ly/1k4Ek0v).

A pesar de tantos ingredientes polémicos, en cierto segmento social genera esperanzas el llamado a que cada quien se constituya en autodefensa ciudadana, ante el fracaso estruendoso de las estructuras institucionales. La reunión de ayer es uno más de los esfuerzos en busca de aglutinar y vertebrar la inconformidad ciudadana que no encuentra líderes confiables y eficaces ni organización adecuada para expresarse y luchar (un antecedente de esos esfuerzos voluntariosos, pero insuficientes, ha sido el Congreso Popular, cuyo mayor logro hasta ahora ha sido su promisoria asamblea constitutiva, meses atrás).

Más que Mora, es Mireles el nombre que más confianza genera entre quienes aún creen posible rescatar algo del proceso manipulado por Gobernación de impulso y protección a lo que ahora son las fuerzas rurales (a las que Mora pertenece como comandante y a las que Mireles pretendió inscribirse con su gente, aunque el comisionado Castillo le cerró las puertas). Del ex gobernador autodefensa, Ruffo, tal vez sus propios paisanos puedan dar cuenta del talante que ejerció como autoridad, y de los resultados que obtuvo en el combate (o no) del cártel próspero de aquellos años, el de los hermanos Arellano Félix.

Para dar ejemplo de presiones a los consejeros del INE que en próximos meses designarán consejeros electorales estatales, Lorenzo Córdova dijo que uno de los aspirantes a estos cargos locales visitó recientemente a una de las autoridades federales insistiéndole en que llevaba especiales saludos de su gobernador (no se especificó si el saludo llevaba resonancia metálica). La anécdota permitió a Córdova filosofar diciendo: El problema es cómo vamos construyendo autonomía siendo refractarios a esas presiones y logrando, por otro lado, mantener canales de comunicación con todos los interlocutores políticos y sociales que podamos. Ah, pues sí.

Y, mientras sabemos si habrá protestantes tiempos extras o incluso tandas forzadas de penales de parte de algún segmento de la afición popular que pretenda romper tanto el anunciado resultado final como el sugerente empate Mundial-sesiones del congreso, en materia energética, arreglado por el parcial árbitro mexiquense empeñado en darle el gane a los extranjeros (y a los comisionistas de casa), o si todo quedará en meros tiritititos opositores simbólicos y en peloteos partidistas que no lleguen al área de peligro, ¡hasta mañana!

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