Exigían resolver juicios en demanda de bono; aprehenden a ocho
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 31
Tlaxcala, Tlax., 28 de mayo.
Ocho maestros jubilados fueron detenidos y 100 desalojados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), donde realizaban una protesta. Un centenar de policías sacaron a los inconformes, quienes exigían a la presidenta del organismo, Karina Edith Torres Vázquez, resolver de manera expedita los juicios con que mil 300 pensionados reclaman que el gobierno les pague 12 días por año trabajado al retirarse, como está pactado.
Cerca de 150 ex trabajadores afiliados a la sección 31 del Sindicato Nacional de trabajadores del Estado (SNTE) llegaron al mediodía y exigieron que se agilice la resolución de 31 expedientes que en tres años no han mostrado avance alguno.
Esta situación tuvo su origen en 2010, cuando el gobierno estatal, encabezado por el panista Héctor Ortiz Ortiz, se negó a pagar la prima de antigüedad a que tienen derecho.
Inés Torrentera Blanco, presidenta de la Asociación Bicentenerario de Profesores Pensionados y Jubilados, dijo que las demandas se presentaron en 2010 y el gobierno estatal debe pagar a cada ex docente entre 22 mil y 42 mil pesos, lo cual depende del salario con que se hayan jubilado.
Queremos pedir a la presidenta de la JLCA que ya resuelva estos asuntos, y si no puede, que deje el lugar a otra persona
, aseveró.
Una comisión de los manifestantes ingresó a las oficinas de la JLCA para dialogar con Torres Vázquez. Los ex profesores que se quedaron fuera bloquearon el único acceso a la institución y en la junta los líderes tampoco fueron atendidos.
La presidente de la JLCA solicitó ayuda a la policía estatal y llegaron alrededor de 75 elementos comandados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Orlando May Zaragoza Ayala, además de policías ministeriales. Los uniformados sacaron a los mentores sin actos violentos.
Entre los detenidos están Inés Torrentera Blanco, Hermelindo Díaz Ocio, Francisco Meléndez Zecua, Adela Cano, Bernardo Hernández Ordaz y Fermín Meléndez, a quienes se acusa de causar destrozos en el edificio. Fueron trasladados a los separos y rindieron declaración por la tarde.
La visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), María Fernanda Domínguez Jiménez pidió a los manifestantes no incurrir en conductas ilícitas.