a firma estadunidense Bank of America-Merrill Lynch afirmó ayer que la economía mexicana está en una recesión que posiblemente se haya iniciado en el último trimestre de 2012. Tal afirmación viene precedida de las críticas formuladas el pasado 23 de mayo por la revista The Economist y el diario Financial Times al proyecto económico del presidente Enrique Peña Nieto y a los constantes reajustes de las autoridades mexicanas sobre las expectativas de crecimiento económico, lo que a decir de esas publicaciones genera desconfianza entre inversionistas potenciales. En un sentido similar se ha venido pronunciando el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el cual afirmó la semana pasada que lo que parecía un retraso en la recuperación del país se convirtió en una recesión, y cuestionó que las autoridades hacendarias y económicas del país se nieguen a admitir dicho escenario.

En suma, un conjunto de voces autorizadas –o que, al menos, cuentan con amplia credibilidad entre los defensores y promotores del modelo neoliberal aún vigente, y que son usadas de forma frecuente como referencia por el propio grupo en el poder– califican de recesivo el actual momento económico nacional.

Este conjunto de afirmaciones contrasta con el empeño con que el gobierno federal sostiene versiones como la que expresó ayer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de que es incorrecto que la economía del país esté en una etapa recesiva pues, dijo, está creciendo de manera más acelerada que el año pasado.

Más allá de declaraciones encontradas, parece ser, a juzgar por las cifras oficiales, y en particular por los indicadores en materia de inversión extranjera directa, que los capitales nacionales e internacionales están inconformes con la conducción económica del país.

El resultado inevitable de estas discordancias es una pérdida de credibilidad en la información oficial.

Sin embargo, el económico no es el único ámbito en que ocurre este preocupante fenómeno. Ayer mismo Amnistía Internacional solicitó al gobierno federal que detallara la metodología empleada para calcular la cifra de desaparecidos en México, que, a decir del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pasó de 27 mil a 8 mil personas a consecuencia de una depuración en las bases de datos de las fiscalías estatales y federal.

El llamado de la organización humanitaria internacional es procedente porque resulta poco verosímil que dos terceras partes de los desaparecidos en el país hayan podido ser encontrados en el año y medio que lleva en funciones la actual administración; porque hasta ahora el gobierno no ha dado a conocer los registros referidos ni el paradero de las supuestas víctimas de desaparición, y porque las afirmaciones gubernamentales contravienen los datos presentados recientemente por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Amnistía Internacional.

Al igual que en el ámbito económico, los ensayos verbales en defensa de las estrategias de seguridad y procuración de justicia adoptadas por la administración federal; los anuncios de que se ha logrado la pacificación de zonas en conflicto, como Michoacán, y de que se ha avanzado en la lucha contra la delincuencia, contrastan con la incesante cuota diaria de muertes, con las agresiones sufridas por activistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, y con la proliferación de agrupaciones civiles que, en ausencia del Estado, han debido procurarse seguridad por propia mano.

Se asiste, pues, a un escenario en que la información oficial manejada en ámbitos estratégicos como el económico y el de seguridad pública es objeto de desconfianza y escepticismo sistemáticos por distintos actores. Tal circunstancia resulta lamentable y preocupante porque uno de los principales instrumentos de mando de todo gobierno es, precisamente, su capacidad discursiva y de comunicación. Es necesario, en suma, que las autoridades revisen su manejo de las cifras y su manera de informar.