Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron que su decisión de no hacer pública su declaración patrimonial es por ‘‘seguridad’’.

Consultados respecto de la postura de los ministros del máximo tribunal, de magistrados electorales y consejeros de la Judicatura Federal de no que no se difundan las declaraciones patrimoniales que entregan anualmente, con base en el derecho que les da la ley para permitir o no su publicación, los integrantes de la SCJN señalaron que debido a los altos índices de delincuencia que hay en el país no es factible que se difundan sus ingresos y bienes.

Interrogados con la condición de omitir sus nombres, los entrevistados señalaron que el tema no ha sido tratado a nivel de pleno, y que en todo caso se trata de una decisión personal.

–¿Cómo queda entonces el derecho que tienen los ciudadanos a la información para acceder a este tipo de datos?

–Sin duda que es un derecho, pero también mi seguridad –comentó uno de los entrevistados.

Ministros, magistrados electorales y consejeros del CJF reciben los salarios más altos del gobierno federal, incluso superiores a los del Presidente de la República, quien por cierto hizo pública su declaración patrimonial junto con todo su gabinete –a excepción del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam– cuando tomó posesión del cargo.

En promedio, los juzgadores ganan 4 millones 206 mil pesos al año, de los cuales 2 millones 601 mil 900 son de sueldos y salarios; 866 mil 353 en prestaciones, y 737 mil 718 pesos por un bono de riesgo.

La Jornada publicó que los funcionarios judiciales de primer nivel rechazaron entregar sus declaraciones patrimoniales, solicitadas a través de los órganos de transparencia correspondientes, con el argumento de que la ley les permite decidir si esa información puede ser publicada o no.

Además, los órganos de transparencia, como el de la Suprema Corte de Justicia, procuran que las peticiones de información sobre el tema se alarguen o ponen trabas antes de emitir una resolución concreta sobre la petición de información, que en todo caso será negativa.