Ecatepec, Méx., 26 de mayo.

Unos 800 trabajadores y propietarios de bares, centros nocturnos y otros establecimientos de venta de alcohol del estado de México que han sido clausurados marcharon al Ángel de la Independencia, en la capital del país, para exigir que les permitan reabrir porque, aseguran, miles de personas se han quedado desempleadas.

De noviembre pasado a la fecha unos mil 700 negocios de este tipo han sido clausurados por incumplir normas o por la presunción de que estaban involucrados en trata de personas o venta de drogas.

Las inspecciones se intensificaron desde el primero de abril, cuando los gobiernos federal y mexiquense pusieron en marcha el Plan Estratégico de Seguridad (PES). Sólo en mes y medio han sido cerrados al menos 162 antros.

La mayoría de los locales clausurados se encuentran en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca, demarcaciones que concentran la mayor parte de las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Los trabajadores de bares de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, entre otros –la mayoría mujeres–, se congregaron en Periférico a la altura de Altavilla, en los límites entre Ecatepec y la delegación Gustavo A. Madero.

A las 11:20 horas partieron al Distrito Federal; bloquearon Periférico y luego la prolongación de la autopista México-Pachuca. Después caminaron por la avenida Insurgentes rumbo al Ángel de la Independencia.

Roberto Gutiérrez, dirigente de propietarios de bares y antros en el estado, dijo que, ante la cerrazón de las autoridades mexiquenses demandan la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ya son más de mil 700 negocios clausurados, la mayoría por delitos inventados por el gobierno del estado; hay establecimientos que tienen hasta 30 años. Aclaramos que no estamos en contra de las operaciones ni de las reglas que el gobierno disponga, sino de que se inventen delitos, expuso.

Los manifestantes portaban pancartas con leyendas como Alto al cierre de nuestra fuente de empleo y “Cese a los operativos contra nuestros negocios”. Un grupo de bailarinas de los bares subió a una camioneta en bikini y danzaron en protesta.

Por los bares que han cerrado más de 100 mil personas han quedado desempleadas; 80 por ciento son madres solteras que por voluntad propia y por necesidad trabajan en estos giros, aseguró.

Los inconformes exigieron la expedición del dictamen de factibilidad de la Secretaría de Salud del Estado de México, que los empleados no sean tratados como delincuentes y que la PGJEM deje de fabricar delitos.

Asimismo pidieron parar las clausuras, dejar de criminalizarlos y usar fuerzas federales para controlar la delincuencia.

Esta es la novena ocasión en que trabajadores y propietarios de bares y centros nocturnos del estado de México bloquean vialidades, pero esta fue la primera en la capital del país.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), Fernando Díaz, informó que desde 2013 la dependencia inspecciona esos sitios para verificar que cumplan las normas.

El año pasado, a propuesta del gobernador Eruviel Ávila, el Congreso local endureció los requisitos para la operación de estos giros, a fin de prevenir la venta de bebidas adulteradas y delitos como la trata de personas y la venta de estupefacientes.

Desde 2013 la Coprisem ha realizado más de mil 500 inspecciones a estos comercios y en más de la mitad se han encontrado irregularidades.

Díaz precisó que en 2013 visitamos 532 negocios y suspendimos a 269; en lo que va de 2014 llevamos mil establecimientos verificados y 446 suspendidos.

Agregó que, como parte del Plan Estratégico de Seguridad se han visitado 238 establecimientos y suspendido a 162, y la mayoría de estos últimos fueron cerrados por presunta comisión de ilícitos.

Las autoridades han detectado que más de 80 por ciento de los negocios cerrados carecían de dictamen de impacto sanitario, requisito para que los municipios les entreguen la licencia de funcionamiento; casi 11 por ciento viola la ley general de espacios libres de tabaco y en el resto se detectaron riesgos higiénico-sanitarios, todo ello independientemente de las anomalías que han hallado autoridades de seguridad y procuración de justicia.