El Estado abandonó la lógica social y cedió el poder a los capitales trasnacionales. A la agricultura la dejó al libre mercado, sujeta a prácticas de exclusividad de las grandes comercializadoras, y en el caso de los territorios da prioridad a los proyectos mineros, eólicos e hidroeléctricos –entre otros–, por encima de los derechos de los pueblos indígenas, aseveraron Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón, y Magdalena Gómez, colaboradora de este diario, en el foro Campo y pueblos indios, organizado por la Fundación para la Democracia.

En la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, hablaron de la resistencia social en defensa del ejido, de las pequeñas y medianas unidades de producción y del respeto a derechos fundamentales.

Ramírez Cuellar insistió en la necesidad de una empresa acopiadora y comercializadora estatal –producto de la fusión de Diconsa y Liconsa– para asegurar en los próximos dos años hasta 30 por ciento del almacenamiento de maíz, frijol, trigo, arroz, café y leche, y así romper los altos niveles de concentración e intermediación, los cuales, afirmó, repercuten en la creciente volatilidad de los precios que no benefician al productor y dañan al consumidor.

Agregó que el valor de la producción agroalimentaria, sin incluir a la agroindustria, es mayor a 715 mil millones de pesos y en conjunto supera un billón, equivalente a 9 por ciento del PIB.

Este monto es superior a los 380 mil millones de pesos de la telefonía fija y móvil y a los 40 mil millones de pesos del negocio de la publicidad en la televisión, destacó.

La paradoja, expuso, es que en dicho mercado participan 5 millones 325 mil unidades económicas, pero un millón 200 mil no tienen vinculación con el mercado y sólo 460 generan 75 por ciento de las ventas.

En él –agregó– también participan 119 millones de consumidores, que en 2011 gastaron 240 millones de pesos en comida chatarra, mercado controlado por 12 empresas.

Magdalena Gómez, especialista en derecho indígena, expuso que los principios fundamentales del Estado, emanados de la Revolución y de la Constitución de 1917, se han colocado al lado de los poderes de las trasnacionales, convirtiéndolos en promotores y certificadores de las operaciones privadas de los inversionistas.

Esto, resumió, es la desaparición del derecho público.

La ofensiva local del capitalismo está generado nuevas maneras de intervenir y ocupar el territorio indígena; un ejemplo son las mineras, a las cuales el Estado les otorgó, con la reforma a la Ley Minera de 2005, concesiones hasta por 100 años, agregó.

Contra esa hipoteca a largo plazo están resistiendo los pueblos indígenas, pero no en condiciones de triunfo, pues también afrontan el despoblamiento a causa de la violencia, y los enclaves de resistencia están siendo criminalizados.

Esta lucha, agregó, no sólo ocurre en México, sino también en Bolivia, Perú y Ecuador, aseveró.